Ciudad de México.-  El secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue arrestado en Estados Unidos, bajo cargos de conspiración para traficar con drogas y falso testimonio, informó hoy el Departamento de Justicia de ese país.

A cambio de sobornos multimillonarios en dólares, el imputado permitió que el cártel de Sinaloa operara con impunidad en México, indicó un comunicado de la oficina estadunidense.

García Luna fue arrestado ayer en Dallas, Texas y será trasladado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos, añadió el Departamento.

Si es declarado culpable del cargo de conspiración para el narcotráfico, García Luna enfrenta una sentencia mínima obligatoria de diez años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

En el comunicado, la oficina estadunidense precisó que el tribunal federal en Brooklyn emitió una acusación contra el también ex jefe de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, con tres cargos de conspiración para traficar cocaína y un cargo de falso testimonio.

Richard P. Donoghue, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, anunció que García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán, mientras controlaba la Policía Federal y era responsable de garantizar la seguridad pública en México.

"El arresto de hoy demuestra nuestra determinación de llevar ante la justicia a quienes ayudan a los cárteles a inflingir daños devastadores en los Estados Unidos y México, independientemente de los cargos que mantuvieron mientras cometían sus crímenes”, dijo el funcionario de Estados Unidos.

Donoghue agradeció a las oficinas de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Nueva York y Houston, Investigaciones de Seguridad Nacional, Oficina de Campo de Nueva York (HSI), Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y Policía del Estado de Nueva York (NYSP) por su trabajo en el caso.

Según la acusación y otras presentaciones judiciales del gobierno, de 2001 a 2012, mientras ocupaba puestos de alto rango en el gobierno mexicano, García Luna recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de proteger al grupo delictivo en sus actividades de tráfico de drogas y trata de personas.

De 2001 a 2005, García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación de México, y de 2006 a 2012 se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de México, desde donde controlaba la Policía Federal de México.

A cambio del pago de sobornos, el cártel de Sinaloa logró tránsito seguro para sus envíos de drogas, información confidencial sobre las investigaciones que realizaban las autoridades del propio grupo delictivo y datos sobre cárteles del narcotráfico rivales, lo que facilitó el ingreso de toneladas de cocaína y otras drogas en los Estados Unidos, según la acusación.

En dos ocasiones el cártel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre tres y cinco millones de dólares, de acuerdo con las imputaciones. Según los registros financieros obtenidos por el gobierno estadunidense, cuando García Luna se mudó a los Estados Unidos en 2012 había acumulado una fortuna personal de millones de dólares.

El Departamento de Justicia dijo que García Luna continuó tomando medidas en Estados Unidos para ocultar su apoyo a los narcotraficantes. Al parecer presentó su solicitud de naturalización en 2018, en la que mintió sobre sus actos criminales en nombre del cártel de Sinaloa, agregó el comunicado.

La investigación fue dirigida por New York Strike Force, una unidad de lucha contra el crimen que comprende agencias policiales federales, estatales y locales apoyadas por la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas y el Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de Nueva York / Nueva Jersey.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos precisó que el acusado se presume inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.

El caso del gobierno está siendo procesado por la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Activos del Distrito Este y la Sección de Integridad Pública. Los fiscales federales adjuntos Michael P. Robotti, Ryan Harris y Erin Reid están a cargo de la acusación.