Cabo San Lucas (CSL), Baja California Sur.- El anuncio de la próxima apertura de una sucursal en Cabo San Lucas de una conocida empresa de casinos a nivel nacional, preocupa a la Asociación Regional de Padres de Familia de Los Cabos, pues desde el año 2013, se prohibió este tipo de negocios en el destino turístico. 

En entrevista, la señora Adriana López Monje, quien es presidenta de la asociación civil, denunció que solo sería por medios corruptos y con argucias legaloides, que este negocio opere, sobre todo al estar ubicado en una avenida principal como es Leona Vicario, y a menos de 500 metros de una institución educativa, en este caso, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Campus Los Cabos. 

“Sorprendente porque no hay manera ni condiciones, no hay ley que les permita por el momento abrir, solamente que la corrupción lo permita porque desde el año 2013, todos los casinos están prohibidos desde nuevas aperturas, o como sucursales. Llegamos a otras instancias como a Gobernación donde solicitamos que por reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos en el artículo 8, prohíbe poner este tipo de establecimientos a menos de 500 metros de una escuela u hospital; todos los que se han querido abrir en Los Cabos, están cerca de instituciones educativas y por eso la Asociación de Padres de Familia se ha opuesto a esta situación”, dijo la madre de familia.  

Insistió Lopez Monje legalmente no hay forma, porque además la legislación vigente a nivel nacional, limita a un casino por cada quinientos mil habitantes, y en Los Cabos, ya hay dos operando. Puntualizó, si este casino opera, solo será por corrupción. 

“Definitivamente no hay condiciones para que ellos se coloquen por la vía legal, aquí no la hay; además que hay otra ley dice que por cada quinientos mil habitantes debe haber un casino y aquí en la ciudad, tenemos dos, sin rebasar los trescientos mil habitantes. Esta situación solo se puede dar por la corrupción y no existe otra manera; encontrando un recoveco a la ley, pero al fin de cuentas no es posible”, reiteró.

Concluyó la representante de la Asociación Regional de Padres de Familia en Los Cabos, haciendo un llamado a toda la sociedad civil organizada a exigir a las autoridades responsables de autorizar este negocio, de evidenciar bajo qué motivos permiten la construcción y operación, de lo contrario, tendrán que volver a ir a instancias federales a exigir que se haga valer la ley vigente. 

“Si es necesario volver a hacer lo mismo que hicimos en el año 2013 de ir a la Segob, solicitar que no se puede poner ahí porque está a menos de quinientos metros de una escuela, así va a ser”, finalizó Adriana López Monje.