COLOMBIA.

La justicia especial de paz en Colombia excava un cementerio donde, según la versión de un militar, hay una fosa común con "más de 50 civiles" ejecutados por soldados que los hicieron pasar por rebeldes caídos en combate, informó el tribunal este sábado. 

Es importante señalar que estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria", subrayó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que se ocupa de las peores violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto armado con la disuelta guerrilla de las FARC.

Un militar que decidió colaborar con ese tribunal surgido del acuerdo de paz de 2016 condujo a los investigadores hasta el cementerio Las Mercedes, en el municipio de Dabeiba, departamento de Antioquia (noroeste).

Se presume que ahí "se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas legítimamente como bajas en combate", añadió la JEP en un comunicado. Este mes ya han sido exhumados "siete cadáveres completos". 

Para el organismo se trataría de "ejecuciones extrajudiciales seguidas de desaparición forzada".  

En Las Mercedes, a más de 170 kilómetros de Medellín, fueron enterrados hombres entre los 15 y los 56 años provenientes de esa ciudad, capital del departamento de Antioquia, según los indicios recopilados por la JEP.

La JEP debe adelantar la investigación hasta sus últimas consecuencias y sancionar a los responsables. Entre tanto, se debe garantizar protección a la vida e integridad del testigo", tuiteó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Los presuntos crímenes engrosarían el expediente de lo que en Colombia se conoce como "falsos positivos", ejecuciones extrajudiciales de al menos 2.248 personas en las últimas décadas.

El 59% de esas muertes ocurrió entre 2006 y 2008 bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

La práctica consistía básicamente en un premiado "body count": contar cuerpos para inflar los logros del ejército. Decenas de jóvenes fueron engañados con promesas de empleo, desplazados de sus territorios y llevados lejos para ser asesinados y disfrazados de guerrilleros.

El gobierno de Uribe destituyó en su momento a altos mandos y modificó las directrices de guerra para evitar más ejecuciones.

Más de mil uniformados han sido condenados en la justicia ordinaria por los crímenes de civiles y 148 se acogieron voluntariamente al tribunal de paz, según cifras oficiales.

La investigación en Dabeiba inició con la denuncia de un soldado que se sometió a la JEP para obtener beneficios penales, a cambio de confesar sus crímenes y ayudar a reparar a las víctimas. 

Las mismas ventajas están consideradas para los civiles y los guerrilleros que contribuyan a esclarecer lo ocurrido en un conflicto de medio siglo, que deja más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.