Ciudad de México. Centros de salud sin insumos necesarios para atender enfermos, carentes de servicios básicos (agua, luz, drenaje) y desabasto de medicamentos, así como deficiente administración de los recursos económicos, entre otros, forman parte de los problemas encontrados por el gobierno federal en el sector.

Desde el inicio de su gestión hace un año, el presidente Andrés Manuel López Obrador catalogó el sector salud como prioritario y puso en marcha el Plan Nacional de Salud sólo 15 días después de haber asumido el cargo. Pero hasta ahora, lo más que se ha avanzado es en el diagnóstico de los distintos asuntos que se deben solucionar.

En cambio, la aplicación de la política de austeridad provocó una crisis en los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad. Se cancelaron contratos de honorarios y suplencias que eran ocupadas por personal médico y técnico. Además, se retuvo mil 200 millones de pesos del gasto operativo de esos nosocomios. El problema fue de tal magnitud que provocó la movilización de los directores, que en forma conjunta acudieron a la Cámara de Diputados en busca de apoyo. La medida se revirtió en parte, pues de acuerdo con información oficial, recuperaron el dinero, no así la totalidad de las plazas.

Un foco de atención del Ejecutivo fue la concentración de los contratos para adquirir medicamentos y material de curación en unas cuantas empresas distribuidoras que se habían convertido en monopolios. Esa denuncia dio paso a una nueva política que separó la compra de la distribución. Fue tal la resistencia de las empresas, que provocaron las fallas que hubo en el primer ejercicio de consolidación.

De acuerdo con Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, el desconocimiento de los laboratorios sobre los procesos de licitación complicó su desarrollo, mientras las compañías con capacidad y experiencia en distribución se abstuvieron de participar en el concurso. Empresas medianas se quedaron con los contratos, pero por su impericia hay retrasos en las entregas de los insumos. Las resistencias fueron internas y externas, pero ya entendieron que “no hay marcha atrás en el cambio del modelo de negocio”, señaló la funcionaria.

La distribución de medicamentos y material de curación se licitará aparte y ahora, en el proceso para garantizar el abasto de 2020, habrá un contrato marco y esta vez estarán las distribuidoras grandes.

En cuanto al nuevo modelo de atención médica, que busca mejorar la calidad de atención para todas las personas, en especial las que viven en zonas rurales e indígenas, no ha avanzado por cuestiones legales.

López Obrador señaló en su campaña electoral (y lo ratificó en las visitas que hizo a los 80 hospitales rurales del programa IMSS-Bienestar en 19 estados de la República) la ineficacia del Sistema de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular.

Con el argumento de que este esquema de financiamiento no cumplió el propósito de garantizar el derecho a la protección de la salud de los mexicanos, se promovió una reforma a la Ley General de Salud para desaparecer ese mecanismo y crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El Congreso de la Unión aprobó el cambio, que entrará en vigor el 1º de enero de 2020. Además de la desaparición del Seguro Popular, la reforma faculta al Insabi a disponer de 40 mil millones de pesos que están en el fideicomiso del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos –que también desaparece– para invertirlos a fin de subsanar las carencias en centros de salud y hospitales generales que atienden a personas sin seguridad social.