La Paz, Baja California Sur. Luego de que se diera a conocer por este medio que el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) desacreditó el estudio, realizado por personal y estudiantes propios, donde se asegura que 12 niñas y niños de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en Todos Santos, se contaminaron con dicloro difenil tricloroetano (DDT), el director general de la institución, Alfredo Ortega Rubio, aclaró que el centro no “desacredita” dicha investigación sino que no la avala.

Usando su derecho de réplica bajo el citado argumento, Ortega Rubio detalla que, tras una “verificación interna” de los protocolos del proyecto de investigación, se determinó que “institucionalmente no es posible garantizar que se haya cumplido con la normatividad de los procedimientos que rigen este tipo de estudios y que por lo tanto a nivel institucional los mismos no pueden institucionalmente ser avalados en el cumplimiento de tal normatividad”. Es así que el Cibnor no desacredita el proyecto pero no lo avala.

Asimismo, aclaró el director que, aunque no es posible avalar “el cumplimiento de la normatividad correspondiente” en la realización del estudio en cuestión, el Cibnor no considera que los datos, donde se expone la contaminación de una docena de niños con DDT, no sean correctos. Incluso, adelanta que la institución se encuentra en la búsqueda de participar en los estudios necesarios para verificar de nuevo los resultados. 

“En el Cibnor estamos muy preocupados por los hallazgos encontrados”, expresa Ortega Rubio, “y dada la naturaleza tan delicada de la temática ambiental y social encontrada en la región, esta nueva Dirección General del Cibnor se encuentra buscando activamente las colaboraciones requeridas para participar, con las instancias pertinentes, en los estudios necesarios para verificar los resultados encontrados de acuerdo a la normatividad requerida para el desarrollo de este tipo de investigaciones”.

Cibnor vs Coepris

Cabe recordar que fue mediante un oficio dirigido a la titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Blanca Pulido Medrano, que el director del Cibnor declaró sin aval el estudio, llamado “Monitoreo citogenético en población infantil expuesta indirectamente a agroquímicos en Todos Santos, Baja California Sur”, pues la dependencia de la Secretaría de Salud (SSA) solicitaba detalles acerca de la investigación, toda vez que en ella se basan acusaciones de los padres de familia hacia el predio El Gringo, donde presuntamente se usó DDT en un sembradío de chiles, y acudieron al gobernador Carlos Mendoza Davis en 2016 para denunciar el supuesto hecho: desde entonces iniciaron las investigaciones.

Blanca Pulido ha negado en diversas ocasiones que existan plaguicidas o agroquímicos que estén afectando la salud de habitantes en Todos Santos y sugirió que los malestares expresados por las niñas y niños de la escuela Miguel Hidalgo podría ser sugestión. Asimismo, al referirse al estudio realizado en el Cibnor, la funcionaria ha dicho que es poco fidedigno.

“Dio instrucción el gobernador de atender, porque supuestamente los niños daban a entender como que estaban en una situación crítica de salud, secundario a un estudio del CIB que hizo una doctora. Nosotros tratamos de ponerle todo el interés cuando fue notificado, que a mí me notificaron eso en el 2016, casi a finales de 2016, y veía yo que este estudio estaba incompleto, en primera porque tenía el título de que era la escuela Manuel Hidalgo y Cortina, desde ahí estaba mal”, detalló Pulido Medrano. “Llamaban la atención los hallazgos de ese estudio, porque encontraron químicos prohibidos por el Acuerdo de Estocolmo, como el DDT. O sea, había varios productos químicos en ese estudio donde se refería que habían salido positivos los niños”.

Debido a que la Coepris no confió en los resultados del Cibnor, solicitó el estudio completo, pues sólo se conocía “un resumen”, así como el protocolo de investigación, y encontró que el protocolo “no manifestaba lo que refería el resumen”. Es así que, tomando en cuenta las presuntas inconsistencias, la dependencia de salud decidió estudiar el caso “desde cero”.

“Lo que hicimos fue buscar un laboratorio que estuviera acreditado. Encontramos al único solo, que es de San Luis Potosí, la universidad”, explicó la responsable de la Coepris. Para realizar los nuevos estudios convocaron a los menores afectados y a sus padres, pero únicamente se presentaron 9 niñas y niños.

El estudio del Cibnor “era de pelo”, indicó Blanca Pulido, pero “la mayoría de los protocolos de investigación referían que no es muy fidedigno un resultado en pelo, porque el pelo tiene memoria hasta de los abuelos, por lo que no era válido”, así que se llevaron a cabo tomas de sangre para encontrar organoclorados y organofosforados, así como un estudio de frotis.

“Nos llegaron los resultados y, afortunadamente, todo salió perfectamente bien. Salía un límite bajo de un componente, un agroquímico, pero que está autorizado por parte de Cofepris”, afirmó la funcionaria, negando con un “claro que no” que hubiese DDT en el cuerpo de las y los niños, como denunciaron sus padres: “ni la mínima cantidad”, afirmó.

A finales de noviembre Diario El Independiente publicó declaraciones de padres de familia de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla, quienes se dijeron ignorados por las autoridades y aseguraron que sus hijos siguen sufriendo consecuencias graves por la exposición a “plaguicidas cancerígenos”. Jesús Cristo Cota Pimentel, uno de los padres de familia, señaló que, tras manifestarse frente al gobernador Carlos Mendoza y el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, en el mes de abril, “todavía no se ha hecho nada”, y denunció que las autoridades prefirieron dejarlos “plantados” en una reunión oficial con los titulares de Protección Civil municipal y Desarrollo Urbano y Ecología, pactada para el mes de octubre.