Ciudad de México. La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados determinó que hay elementos para iniciar un juicio político contra Rosario Robles y turnó el caso a la Sección Instructora, donde se determinará si el dictamen pasa al pleno para que se sancione a la ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La misma subcomisión tiene pendientes de resolver solicitudes de juicio político contra el propio Peña Nieto, por presunta violación de derechos humanos y no cumplir con sus funciones como presidente; también hay otros casos de ex secretarios de su gabinete.

Además, se formalizó una solicitud más reciente contra el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

Al concluir la reunión de este día, la presidenta de la subcomisión y presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo (Morena), informó que el estudio de juicio político contra Robles se debe a que cuando fue titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario no cumplió con sus atribuciones.

En específico, dijo, por etiquetar más de 7 mil millones de pesos “que no aparecen”, a universidades estatales, por violación a derechos humanos y no cumplir con sus obligaciones como funcionaria pública.

Refirió que la resolución se turnará mañana a comisiones unidas para que le den trámite y se pueda enviar a la Sección Instructora.

Esta instancia cuenta con 60 días para hacer el análisis del expediente y decidir si se va al pleno, éste lo vota y posteriormente se envía al Senado.

“Es un proceso largo, que estaría concluyendo en febrero. No es sólo contra una funcionaria, sino contra todos los funcionarios que no hayan cumplido con sus obligaciones y algunos que siguen en funciones de esta administración”, refirió.

Dijo que aun cuando difícilmente Rosario Robles podrá ser funcionaria pública nuevamente, la sanción sería una nueva inhabilitación, adicional a la de diez años que ya le aplicó la Función Pública.

-¿Rosario Robles es el chivo expiatorio? -se le preguntó.

-No, por eso comento que el juicio político no es sólo a una persona, sino a todos los funcionarios. Llevan un año funcionarios en esta nueva administración a los que se le puede iniciar este proceso.

A su vez, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, confirmó que retiró la solicitud de juicio político contra los diputados del Congreso de Baja California que agregaron un artículo transitorio a la Constitución del estado para ampliara a 5 años el gobierno de Jaime Bonilla, quien fue electo para dos años.

Se trata, dijo, de esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva las controversias constitucionales interpuestas contra esa decisión de la legislatura peninsular.

Además, porque el proyecto que había presentado Rocío Barrera era por exonerar a los legisladores que avalaron la reforma.