• En un carta enviada al Senado, se indica que ocupa el cargo de consejera nacional del Consejo Nacional de Morena, de acuerdo al padrón actualizado hasta el 24 de octubre pasado.
Ciudad de México. En una carta enviada al Senado de la
República, los presidentes de 27 Comités de Participación Ciudadana del Sistema
Nacional Anticorrupción advierten que la nueva presidenta de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, no cumple
con los requisitos establecidos por la ley para su designación, pues ocupa el
cargo de consejera nacional del Consejo Nacional de Morena, de acuerdo al
padrón actualizado hasta el 24 de octubre pasado.
La misiva recuerda que la Ley de la CNDH
expresamente señala como requisito para ocupar su presidencia el no desempeñar,
ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido
político en el año anterior a su designación.
Ante esta situación, los titulares de dichos
comités expresan su preocupación ante estos hechos y solicitan a los Poderes
del Estado Mexicano “llevar a cabo nombramientos en donde se funde y motive la
idoneidad de los candidatos que compiten de forma pública, abierta y
transparente por los puestos de las distintas instituciones”, tanto los que
pertenecen al Sistema Nacional Anticorrupción en todo el país como otras, como
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los Órganos Constitucionales
Autónomos que son pilares del Estado.
En este sentido, destacan que el capital de
los integrantes de estos órganos es su prestigio, su idoneidad técnica y la
independencia en su actuar, inicialmente fundamentada en la pulcritud con la
que deben llevarse a cabo sus procesos de selección.
Suscrita por 27 presidente de comités estatales
y José Octavio López Presa, como presidente del Comité de Participación
Ciudadana del SNA, la carta cita que su intervención se debe a que la reciente
elección y rendición de protesta de la titular de la CNDH “ha dejado dudas de
legalidad y legitimidad en amplios sectores de la sociedad mexicana”, por lo
cual consideraron su deber promover el cumplimiento del orden constitucional y
legal en todo el país, y vigilar y velar porque las instituciones del Sistema
Nacional Anticorrupción fortalezcan su independencia, imparcialidad y
profesionalismo.