CIUDAD DE MÉXICO.

Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia que regula “de manera estricta” el outsourcing, equipara al sector privado con la delincuencia organizada y pone en riesgo la aprobación del T-MEC en el Congreso de Estados Unidos.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, Treviño enfatizó que dicha propuesta “sin duda, genera preocupación, porque lo que busca es eliminar toda forma de subcontratación”,  y agregó: “lo más preocupante, es que se pretende convertirla también en delito”.

“Parecería que al sector privado se le está enmarcando en temas de delincuencia organizada, cuando lo que más se necesitan son reglas claras y, sobre todo, fortalecer la inversión privada”, dijo.

Además, enfatizó que, al intentar cambiar la Ley Federal del Trabajo y la Ley General del Seguro Social lo que intenta el planteamiento promovido por Gómez Urrutia “es poner otro elemento que cambia la Reforma Laboral, y eso, por supuesto, pone en riesgo la aprobación del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, en el Congreso norteamericano”, explicó el funcionario.

El director general de Políticas Públicas del CCE alertó que durante su visita a México, congresistas estadunidenses “vinieron a ver cómo quedaron las reformas en materia laboral, y quedaron convencidos de que no habría nuevos cambios”.

Treviño señaló que la iniciativa del senador de Morena plantea un nuevo cambio en la Ley del Trabajo en la que busca “eliminar una forma de trabajo, producción y competitividad de las empresas, que es utilizada en todas partes del mundo”, puntualizó.

Por ejemplo, en Alemania, 60% de la actividad empresarial se realiza a través de la figura de la subcontratación, expresó el entrevistado.

“En América del Norte, (se utiliza) en 30%, como ocurre en América Latina y en otras partes del mundo, eso es una forma normal, porque la mayoría de los grupos empresariales domésticos y extranjeros tienen estructura corporativa que cuenta con una o varias empresas con actividades rutinarias, y otras dos o tres que prestan servicios a esas sociedades administrativas. Estas administradoras de capital humano permiten que las empresas se concentren en la innovación y la producción”, expresó Treviño.

El 24 de octubre, el presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, presentó su iniciativa argumentando que se busca terminar con la simulación laboral y obligar a las empresas a contratar este modelo sólo cuando se trate de trabajadores especializados que sean ajenos a su naturaleza empresarial.

“No puede seguirse manejando de esa manera en donde las empresas, las grandes empresas que contratan personal, lo trasladen a una empresa de servicios que no reporta utilidades o escasamente utilidades mínimas, y que sea esa una forma que utilizaron, que ha proliferado y que muchas empresas lo adquirieron para evitar el pago de utilidades a los trabajadores.

“Por otro lado, con sus prácticas fiscales, con esto han evitado pagar los impuestos correspondientes y por eso hay cantidades extraordinarias, exorbitantes, que se han acumulado de defraudación fiscal”, precisó.

Sin embargo, el jueves pasado, José Manuel López, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, dijo en entrevista con Excélsior, que si lo que se persigue es la evasión fiscal, se cuenta con los elementos suficientes, además de que se ha discutido ampliamente que se puede supervisar e incluso fiscalizar, para evitar que se abuse de una figura que tiene muchas ventajas y que sea una manera más para facilitar la inversión y la contratación.

“No estamos de acuerdo ni apoyamos que se trate como el delito que incluso que se pueda considerar como delincuencia organizada” señaló López.