Ciudad de México. - La Recomendación 30VG/2019, emitida el pasado 30 de octubre por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de los guerrilleros Aurora de la Paz Navarro del Campo y Carmelo Cortés Castro —víctimas de desaparición forzada desde 1976—, es un documento de gran importancia, en la medida en que comprueba que la responsabilidad directa de dicho acto le corresponde al Estado.

Así lo afirmó el hijo de ambos luchadores sociales desaparecidos, Catarino Hernández, quien destacó que la mencionada Recomendación desmiente a quienes han calificado como “asaltantes” a Cortés y Navarro, para en cambio reconocerlos como víctimas de una campaña de represión estatal.

En entrevista con La Jornada, Hernández destacó que pese a haberse tardado cuatro años en emitirse, la observación de la CNDH es muy trascendente, pues uno de sus efectos es la reivindicación del nombre de sus padres, más aun en el contexto de la polémica desatada por las declaraciones del historiador Pedro Salmerón, quien calificó a los guerrilleros como “jóvenes valientes”, ante el enojo del PAN y de organizaciones empresariales.

“La Recomendación nos llena de gusto por los comentarios de los panistas de que (los guerrilleros) eran ladrones, robavacas, enemigos del Estado. Este reconocimiento de la CNDH viene a reivindicar que eran luchadores sociales que sacrificaron sus vidas por la democracia de este país”, subrayó.

Por el otro lado, el posicionamiento de la Comisión le permitirá a los hijos de Navarro y Cortés obtener una reparación integral del daño, “con los estándares internacionales que nos merecemos como familia, pero no es una victoria sólo nuestra, sino de todas las familias de personas que fueron desaparecidas por el Estado con una metodología de exterminio”.

Por su parte, la abogada Verónica Berber, del colectivo de derechos humanos Idheas, destacó que la Recomendación de la CNDH contiene “pruebas irrefutables” de que la Policía Militar tuvo bajo su custodia a Cortés y Navarro, de cuyo paradero no se ha vuelto a saber desde que fueron detenidos en febrero de 1976.

“Es el reconocimiento por parte de un organismo autónomo de la desaparición forzada de Aurora y Carmelo, y en ese sentido la importancia es que insta a las autoridades a llevar a cabo una investigación eficaz, diligente y que llegue hasta los máximos responsables, además de señalar expresamente que los familiares de ambos tienen derecho a la reparación del daño por haber sido víctimas indirectas de los hechos”, explicó.