La Paz, Baja California Sur.- La titular de la Contraloría Municipal, Azucena Meza Gómez, dio a conocer que el Ayuntamiento de La Paz tiene “en puerta otra denuncia” contra la administración del exalcalde panista Armando Martínez Vega. Aunque ofreció la información a cuentagotas, adelantó que el proceso judicial que iniciarán se debe a un cuantioso desfalco para la hacienda pública. 

“Tiene que ver con la parte financiera, es lo que te puedo adelantar, y todo en afectación al Ayuntamiento […] Desafortunadamente nos encontramos con una cuantiosa afectación económica en detrimento del Ayuntamiento”, esbozó al respecto Meza Gómez, a quien se le pidió detallar el monto del desfalco, pero sólo comentó: “me gustaría determinártelo ya en su momento, para no caer en ninguna imprecisión, pero no son diez pesitos, es bastante”. 

Es importante recordar que la Contraloría Municipal se ha involucrado en 3 paquetes de denuncias contra el ejercicio de panista Armando Martínez, 2 de ellos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y uno más ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En el primero se determinó que en la compra del predio donde hoy se ubica el cementerio Perlas del Paraíso existió “un daño patrimonial” de aproximadamente 10 millones de pesos, ya que éste tenía un valor total de 3 millones 214 mil 567 pesos, según avalúos, pero la administración anterior a la del morenista Rubén Muñoz Álvarez pagó 13 millones de pesos por él. Igualmente, en el mismo momento se presentó una denuncia por presunta “simulación de actos jurídicos”, al observar que hubo órdenes de pago por 2 millones 60 mil pesos en equipos de cómputo y software que nunca aparecieron. 

Poco tiempo después, la Contraloría Municipal estuvo junto al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) para presentar 8 denuncias debido a la instalación irregular de pozos, los cuales no se hallan funcionando, en donde se usaron recursos federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y se calcula un daño a las arcas municipales de alrededor de 6 millones de pesos. 

La más reciente denuncia, según recordó la propia contralora, se constituyó debido que “la anterior administración tenía una deuda que reconocieron con un proveedor, pero afectaron la hacienda municipal” al saldarla, ya que otorgaron un predio de uso urbano en forma de pago, sin que dicho movimiento fuese autorizado por el cabildo. Además, dijo, los responsables “elevaron la deuda” en perjuicio del Ayuntamiento al llevarla de 4 a 17 millones de pesos, pues incluyeron “gastos como costos judiciales” sin justificación y “cuantificaron de forma dolosa, errónea, los intereses”.