La Paz, Baja California Sur.- El gobernador Calor Mendoza Davis advirtió que pronto enviará al Congreso del Estado una nueva iniciativa de ley, luego de que la relacionada con movilidad fuese rechazada por la mayoría del pleno legislativo, pero en esta ocasión para regular los residuos sólidos del sector público, privado y social.

“Quiero invitar a las y los diputados, al sector privado a la sociedad civil, a todos, para iniciar los trabajos que deriven en una ley de prevención y gestión integral de riesgos consensados”, dijo Mendoza Davis, y adelantó que le nueva legislación  tendría el objetivo de “que nuestro estado garantice a todas y a todos el derecho constitucional a un medio ambiente sano, ordenando los sistemas municipales de gestión de residuos: desde la limpia hasta la disposición final”.

De esta manera, señaló el gobernador, será posible “disminuir y disponer adecuadamente de los desechos, valorizarlos”, así como  “reducir la contaminación y proteger la salud de la población”. De aprobarse dicha ley, que aún no es conocida de manera oficial por el Congreso del Estado, la disposición de los desechos sólidos será “una responsabilidad compartida”.

De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en octubre de 2003 por Vicente Fox Quezada, responsabilidad compartida es el “principio mediante el cual se reconoce que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social”.

Esta ley federal también define “las responsabilidades de los productores, importadores, exportadores, comerciantes, consumidores y autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como de los prestadores de servicios en el manejo integral de los residuos” y señala que “corresponde a quien genere residuos la asunción de los costos derivados del manejo integral de los mismos y, en su caso, de la reparación de los daños”.