La Paz, Baja California Sur.- Se deslindó Sonia Murillo Manríquez, titular de la Contraloría General del Estado (CGE), de cualquier irregularidad en la elección de integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California Sur (BCS). En entrevista para Diario El Independiente, dijo tampoco tener conocimiento de los recursos legales promovidos por Francisco Javier Lozoya del Pino, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).

“Desconozco los temas, pero no vería que estuviera en riesgo una situación todavía […] Seguramente se tendrá que retomar y explicar cómo calificaron”, señaló la contralora. “A lo mejor en su momento no lo señalaron, pero sí debe haber, como ellos tabularon: quién calificó y quién no, porque no lo hicieron al azar o al aire. Llevaron una metodología”.

Murillo Manríquez señaló que como CGE, forman parte de la Secretaría Ejecutiva del SEA, y aunque no toman decisiones al interior del mismo, permanecerán atentos a cualquier resolución final de este conflicto. 

Bajo el expediente 82/2019, Lozoya del Pino logró un amparo indirecto del juez tercero de distrito por irregularidades, tras ser rechazado del CPC con una puntuación baja sin una metodología clara. Esto por incumplimiento de plazos, trato desigual, falta de metodología clara y “conflicto de interés”. El profesor universitario señaló como ilegal la actuación de la Comisión de Selección del Lozoya del Pino.

Por ello solicitó el amparo ante los actos de sus 5 integrantes: Luis Javier Sierra Noriega, Julio César Castillo Gómez, Lucía Alejandra Frausto Guerrero, Juan Carlos Esqueda Hampl y Óscar Felipe Zamudio Sánchez. El juez expuso que dicha comisión no precisó de manera razonada y clara el por qué se le otorgó a Lozoya del Pino una valoración menor a la de los candidatos electos en el dictamen: Carmen Cristina Ortuño Villaseñor, Alma Lidia Cota Ojeda, Juan Liborio Fenech Cardoza, Guillermo Lara Morales y Jorge Moore Valdivia.

 “No se señaló en forma clara la metodología y los parámetros de valoración que se tomaron en cuenta para ello”, señala el juez. “Con dicha actuación se le discrimina al dejar de darle un trato igual respecto de los demás candidatos. Lo anterior, resulta fundado y suficiente para conceder la protección de la justicia federal”.

Por otra parte, Lozoya del Pino interpuso una queja contra Carmen Cristina Ortuño Villaseñor en la contraloría interna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Esto por participar en dicha convocatoria a pesar de ser consejera de este organismo, lo que se prohíbe en los artículos 16 y 17 Ley de la CEDH y en el artículo 16 de la Ley del SEA. Ello consta en el expediente disciplinario 01/2019, en cuyo dictamen se interpreta un “fraude a la ley”, ya que Ortuño Villaseñor ocupa 2 cargos incompatibles de forma simultánea.

El contralor de la CEDH, Adrián Sergio Cuesta Romero, llevó a cabo una investigación que culminó en un informe de 124 fojas, emitido el 24 de septiembre del presente año, ya que desde el 30 de abril de 2018, mediante el decreto 2528 del Congreso de BCS, se declaró electa por los diputados a la denunciada como consejera de la CEDH, cargo que a la fecha mantiene.

Lozoya del Pino señaló que Ortuño Villaseñor debe “optar por un cargo” y no asumir ambos a la vez, ya que la ley lo prohíbe de manera explícita como anteriormente se muestra. Esto puede ser sancionado conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con una amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación, así como sanciones económicas de acuerdo a los beneficios económicos que, en su caso, haya recibido.

Lozoya del Pino expuso además que fue decretado, a través del Boletín Oficial del Gobierno BCS, un “Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción”, el 20 de junio de 2019. Éste fue firmado y autorizado, entre otras autoridades, por Carmen Cristina Ortuño Villaseñor como presidenta del órgano de gobierno. El catedrático hizo hincapié en que este acto jurídico podría verse comprometido de lograr la destitución de la denunciada.

La contraloría de la CEDH determinó, conforme sus facultades, notificar la investigación a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de BCS para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

Asimismo, Lozoya del Pino interpuso el recurso de inconformidad 41/2019 ante el Tribunal Colegiado del Vigesimosexto Distrito, para dejar sin efectos el proceso de selección y la toma de protesta del Comité de Participación Ciudadana que preside Carmen Cristina Ortuño Villaseñor y que se apliquen las sanciones y destituciones que correspondan.