Ciudad de México.- El juez federal le dio la razón a la Secretaría de La Defensa Nacional (Sedena) y declaró procedente y fundada la solicitud de revocación de la suspensión definitiva que le otorgó al colectivo #NoMàsDerroche y le negó la suspensión definitiva para detener la obra las obras.

La Sedena argumentó que la terminal se integra como una instalación estratégica y que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional. Como la resolución es a su favor, el juez deja sin efecto los juicios promovidos contra la construcción del nuevo aeropuerto.

La solicitud de “revocación de la suspensión definitiva” la presentó el general brigadier de Justicia Militar Miguel Carrasco Hernández, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México.

En un oficio dirigido a la Sedena con fecha 29 de agosto, se informó que el titular de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Seguridad , Gabriel Mendoza Jiménez, procedió a integrar a todas las instalaciones del Ejército al Inventario de la Infraestructura Estratégica del país. Se explica que esta medida se fundamentó en los artículos 1, 3, 5 y 15 de la Ley de Seguridad Nacional y en el 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una vez tomada esta medida, la Sedena pidió al juez quinto, Juan Carlos Guzmán Rosas, que revoque las suspensiones que tienen momentáneamente detenida la construcción del NAIM, argumentando que es preciso que todas sus instalaciones estratégicas estén siempre disponibles.

Argumenta que "expuesto lo anterior, se puede advertir que en todo momento el Estado Mexicano debe contar con la capacidad para utilizar los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, para eliminar cualquier amenaza para la Seguridad Nacional.”

La apelación de la Sedena sostiene que “mantener la suspensión en esos términos, sin tomar en cuenta la declaratoria de instalación estratégica, perjudica el interés social y disposiciones de orden público.”