Jesús Ojeda Castro

Definitivamente el fallido intento por detener al hijo del narcotraficante más famosos del mundo en la ciudad de Culiacán marca un antes y un después en el accidentado gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador a quien se le hará cada día más difícil sostener una de sus expresiones favoritas y más reiteradas desde que inició su mandato: “Nadie por encima de la ley”.

Desgraciadamente lo registrado en la capital de Sinaloa el pasado jueves por la tarde, no solo pone en entredicho la torpeza de un operativo fallido, sino la debilidad de un gobierno federal que difícilmente podrá lanzar culpas al pasado ahora que es atacado delincuencialmente desde varios frentes estatales.

El Presidente López Obrador dijo que la detención y luego la inmediata liberación de Ovidio Guzmán López hijo del Chapo Guzmán, se realizó para no poner en riesgo a vida de civiles.

¿Acaso no sería más práctico, justamente para no poner en riesgo vidas de ciudadanos inocentes, no haber realizado el operativo?

Cómo explicar que una acción orquestada por lo menos por una parte de las fuerzas armadas evidentemente por instrucciones del Comandante Supremo, o sea del jefe del ejecutivo, López Obrador, no contempló los posibles daños colaterales que traería una actividad de esta naturaleza.

Encima de ello puede ser también un error sostener en el cargo Alfonso Durazo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

No funcionó, la frívola estrategia del “fuchi guácala” ni la de pedirle a las mamacitas de los sicarios que los conminaran a que no usaran sus armas.

Por supuesto que el responsable de este penoso asunto es el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La decisión debió salir del despacho presidencial.

Grave sería que con todo y la problemática que se registra en este rubro en entidades como Sonora, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Veracruz y Guerrero, también se decidan este tipo de acciones como la de Culiacán sin tomar el parecer del mandatario de nuestro país.

Ningún argumento ha sido suficientemente claro, y salir a decir ahora que se buscó evitar más pérdidas humanas, pues esto se habría evitado desde antes, es decir sin llevar a cabo este operativo que salió tan mal que hizo doblegar las manos del gobierno federal ante el crimen que demostró su evidente fuerza letal y que por desgracia impacta directamente en el ánimo de los integrantes de las fuerzas armadas.

¿Cómo entonces confiar en el Comandante Supremo desde adentro de las mismas fuerzas armadas si existe el evidente riesgo de que el alto mando va a recular?

Es evidente que en otras acciones de administraciones pasadas se hicieron detenciones importantes entre la que se encuentra precisamente la del Chapo Guzmán sin que se registraran reacciones como la vivida en Sinaloa que además de reflejar el poderío armamentístico de estos grupos criminales también quedó claro que son capaces de enfrentar al presente gobierno federal y que no se aplacan con simples expresiones contra gobiernos del pasado.

Así que la retórica sumada a un rostro compungido y desencajado del presidente tratando de reflejar preocupación, no será suficiente para contrarrestar la creciente desconfianza hacia lo que puede hacer la autoridad federal en torno a la lucha contra el crimen organizado.

¿Acaso no se pretende fincar responsabilidad a ningún integrante de la 4T?

¿Cómo salir a las conferencias mañaneras a decir que nadie está por encima de la ley?

Bien valdría recodarle a López Obrador la frase adjudicada a Benito Juárez la cual señala que “para los amigos justicia y gracia, para los enemigos la ley a secas”, sólo que será necesario entonces definir quiénes son los verdaderos amigos o enemigos del presidente López Obrador que trae cada día más perdida la brújula de la congruencia entre el decir y el hacer.

¿Entonces nadie por encima de la ley... o salvo sus honrosas excepciones?

¿No le parece así amable lector?