HONG KONG.

Tras cuatro meses de manifestaciones, el gobierno de Hong Kong presentará hoy la ley que prohíbe personas enmascaradas en protestas.

Para no ser identificados y evitar acciones judiciales, los manifestantes llevan máscaras, cascos o anteojos especiales para protegerse de los gases lacrimógenos.

Esta sería la respuesta de la líder del Ejecutivo local, Carrie Lam, tras las intensas protestas del martes pasado, con motivo del 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China.

Estas medidas de emergencia fueron establecidas tras protestas en la excolonia en la década de los años 20.

Y por primera vez serán implementadas desde la incorporación a China en 1997.

De acuerdo con el periódico británico The Guardian, la medida que va a invocar el gobierno permite establecer regulaciones que considera de interés general si asume que la ciudad enfrenta “un momento de emergencia o daño público”.

Las medidas pueden incluir censura, control o regulación de medios de comunicación, arrestos, deportaciones e incautación de bienes.

Desde junio, cuando iniciaron las movilizaciones, más de mil 700 personas han sido detenidas. Tan solo el martes fueron arrestadas 269 personas, la cifra más alta en un solo día.

Las protestas empezaron contra la polémica ley de extradición a China continental, pero rápidamente crecieron hasta reclamar una mayor apertura democrática.

Pese a que el gobierno de Carrie Lam canceló el proyecto de ley y accedió al diálogo nacional, se resiste a negociar un sufragio universal.

PERSIGUEN A HERIDO DE BALA

Una corte de Hong Kong acusó penalmente a siete personas que participaron en los disturbios ataques a la Policía del martes pasado, entre ellos Tsang Chi-kin, el joven que recibió un disparo de agente en el distrito de Tsuen Wan.

El estudiante de 18 años de edad fue señalado de agredir a un elemento con una barra de metal.

El joven, conocido como Tony, fue la primera víctima por arma de fuego de la Policía en las protestas antigubernamentales.

Tsang, quien podría ser condenado a una pena máxima de prisión de 10 años, no compareció ante la Corte, debido a que sigue internado en un hospital, convaleciente de la cirugía de emergencia a la que fue sometido para extraerle la bala alojada en un pulmón.