La Paz, Baja California Sur.- Regidores del Ayuntamiento de La Paz solicitaron a los diputados del Congreso de Baja California Sur (BCS) pronunciarse por los despidos de 5 funcionarios públicos el pasado 15 de octubre por “pérdida de confianza”, destituciones que consideraron injustificadas.

Los ediles Pavel Castro Ríos, Marcela Amador Morga y Cecilia Higuera Murillo, acusaron que el presidente municipal Rubén Gregorio Muñoz Álvarez no siguió el debido proceso legal al “separarlos” del cargo. Por ello acusaron ilegales y “sin efecto alguno en su situación laboral” las destituciones de los titulares de Oficialía Mayor, Catastro, Desarrollo Económico, Zofemat, Gestión Urbana y Atención Ciudadana.

“Fueron notificados del cese de sus funciones mediando ‘pérdida de confianza’ sin que esta fuese acreditada o justificada en el cuerpo del documento”, dijeron los regidores, y señalaron que Jorge Arturo Barrón Pinto no tiene personalidad jurídica para llevar a cabo estos despidos como director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de La Paz, destacando que el funcionario fue regidor del Partido Acción Nacional (PAN) en la administración del exalcalde Armando Martínez Vega.

Acusan los regidores que los funcionarios sólo podrían ser removidos en el supuesto de “falta de probidad, notoria ineficiencia, comisión de faltas administrativas, delitos o incumplimiento grave de las atribuciones” durante el desempeño de sus cargos.

“En ningún momento […] recibieron oficio con exhorto, extrañamientos o señalamientos de faltas a sus funciones por lo que no cuentan con expedientes de esa índole en la Dirección de Recursos Humanos o en la Contraloría Municipal”, señalaron regidores, y expusieron que Rubén Gregorio Muñoz Álvarez pertenece a un órgano de gobierno colegiado, por lo que sus decisiones por ley deben apegarse a los acuerdos que asuma el Cabildo.

Asimismo, los ediles señalaron que como indica la Ley Orgánica Municipal en su artículo 28, dichos nombramientos sólo pueden ser aprobados por el Ayuntamiento a propuesta del alcalde. Además que el Reglamento de la Administración Pública Municipal expresa que el alcalde sólo puede nombrar y  remover a los servidores públicos municipales “cuya designación no sea facultad exclusiva del Ayuntamiento”. Por ello dijeron solicitar que la síndica, Martha Judith Páez Osuna, y los regidores en pleno, como órgano de gobierno municipal, asuman la responsabilidad de convocar a una Sesión Extraordinaria de Cabildo para atender la problemática.

 “Generada por esta acción ilegal del presidente municipal para que de conformidad con los procedimientos aplicables, restauren la gobernabilidad de la administración municipal con carácter impostergable”, añadieron los regidores, a la par que solicitaron que la Contraloría Municipal, dirigida por Azucena Meza Gómez, realice las acciones conducentes a fin de determinar acciones y responsabilidades en estos actos “ilegales”. Además advirtieron que cualquier nombramiento en las dependencias de los titulares “cesados” carecen de toda validez legal y sus acciones administrativas serán nulas de pleno derecho.

“Consecuentemente esto paralizaría las actividades sustantivas del gobierno municipal, sumiéndole en una crisis de ingobernabilidad con serias afectaciones para su vida política, administrativa y económica”, finalizaron los regidores denunciantes.