La Paz, Baja California Sur.- El costo de crear y sostener la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y el Consejo Estatal Indígena y Afromexicano “no rebasa los 5 millones de pesos al año”, reveló a Diario El Independiente el diputado Esteban Ojeda Ramírez, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado, para evidenciar que la presunta falta de recursos no es la razón por la que el gobernador Carlos Mendoza Davis vetó la Ley de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, sino por el empeño de negarse a ser vigilado.

El pasado 17 de septiembre el Congreso de Baja California Sur (BCS) hizo oficial el veto parcial de la mencionada ley, por disposición del gobernador Mendoza Davis. El argumento del mandatario fue que “se tendrían que erogar una importante cantidad de recursos financieros para su instalación y funcionamiento, lo cual no tiene razón de ser en un estado donde hay tantas carencias que atender“.

Ojeda Ramírez expuso que, de acuerdo con el “impacto presupuestal” que se proyecta en la ley, menos de 5 millones de pesos anuales serían destinados a “salarios modestos para la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, la cual estaría integrada por 7 personas, mientras que el Consejo Estatal Indígena y Afromexicano se conformaría por autoridades de los 3 niveles de gobierno.

Los integrantes de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos serían “gente que va a promover el desarrollo, un equipo de trabajadores que van a darle duro para propiciar el acercamiento con los grupos, la búsqueda de programas de apoyo”, según explicó el líder morenista. 

“El dinero no es el tema de fondo", insistió el legislador, "pareciera que fuera, pero no: el tema de fondo es que el gobernador desaprueba la existencia de una coordinación de desarrollo indígena y de comunidades afromexicanas, y desaprueba la creación de un consejo que regule, nombre a las autoridades y le esté dando seguimiento a los acuerdos que se van tomando para que haya garantía de que las acciones que se emprendan en las comunidades indígenas efectivamente se realicen […] No quiere ser presionado, no quiere ser cuestionado”.

En este contexto, cabe recordar que recientemente el Congreso aprobó la cuenta pública del 2017 que presentó el Gobierno del Estado, con votaciones en contra de los grupos parlamentarios de Morena y el Partido del Trabajo (PT). La administración de Carlos Mendoza no puso solventar 22 observaciones por 4 millones 245 mil 436 pesos, un número similar al que le pareció demasiado cuando se trataba de aprobar la Ley de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas. 

Hay que destacar por último, como señaló Esteban Ojeda, que para el arqueo de las cuentas públicas se realiza “un muestreo del 30 al 60 por ciento” del total de las transacciones realizadas por el Gobierno del Estado, por lo que los recursos no comprobados en 2017 “podrían ser más”.