La Paz, Baja California Sur.- Por ocupar 2 cargos incompatibles de forma simultánea, fue denunciada Carmen Cristina Ortuño Villaseñor, consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California Sur (BCS). 

Ello consta en el expediente disciplinario 01/2019 de la Contraloría Interna de la CEDH, en cuyo dictamen se interpretó un “fraude a la ley” tras una queja de Francisco Javier Lozoya del Pino, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).

El contralor de la CEDH, Adrián Sergio Cuesta Romero, llevó a cabo una investigación que culminó en un informe de 124 fojas, emitido el 24 de septiembre del presente año, ya que desde el 30 de abril de 2018, mediante el decreto 2528 del Congreso de BCS, se declaró electa por los diputados a la denunciada como consejera de la CEDH, cargo que a la fecha mantiene.

Desde enero de 2019 la Comisión de Selección determinó elegirla integrante del Comité de Participación Ciudadana del SEA y, además, presidenta del mismo, lo anterior la convierte además en la presidenta de su “Órgano de Gobierno”. Se consideró “comprobado” que la denunciada “ocupa y ejerce” ambos cargos, lo que trasgrede el artículo 16 de la Ley de la CEDH y el artículo 16 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de BCS.

“Los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al comité”, señala un extracto del artículo 16 de la ley anticorrupción.

“Los funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur no podrán desempeñar otro cargo o comisión pública en ningún nivel de gobierno o en la administración pública paraestatal, o cualquier otra actividad remunerada dentro del sector privado, con excepción de docencia”, señala también el artículo 16 de la ley de la CEDH.

Lozoya del Pino señaló que Ortuño Villaseñor debe “optar por un cargo” y no asumir ambos a la vez, ya que la ley lo prohíbe de manera explícita como anteriormente se muestra. Esto puede ser sancionado conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con una amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación, así como sanciones económicas de acuerdo a los beneficios económicos que, en su caso, haya recibido.

Francisco Javier Lozoya expuso además que fue decretado, a través del Boletín Oficial del Gobierno BCS, un “Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción”, el 20 de junio de 2019. Éste fue firmado y autorizado, entre otras autoridades, por Carmen Cristina Ortuño Villaseñor como presidenta del órgano de gobierno. El catedrático hizo hincapié en que este acto jurídico podría verse comprometido de lograr la destitución de la denunciada.

La contraloría de la CEDH determinó conforme sus facultades, notificar la investigación a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de BCS para su conocimiento y efectos legales procedentes. Por otro lado, Lozoya del Pino interpuso el recurso de inconformidad 41/2019 ante el Tribunal Colegiado del Vigesimosexto Distrito, para dejar sin efectos el proceso de selección y la toma de protesta del Comité de Participación Ciudadana que preside Carmen Cristina Ortuño Villaseñor y que se apliquen las sanciones y destituciones que correspondan.