La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso aporta pruebas que hubieran evitado liberar a agresores de los desaparecidos
Ciudad de México. Para evitar que más involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa puedan salir de prisión, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Iguala está aportando pruebas que ya existían en las indagatorias iniciadas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y que no habían sido entregadas a los jueces federales.
En entrevista con La Jornada, el fiscal especial Omar Gómez Trejo, reveló que entre otras pruebas se están aportando los peritajes y cruces telefónicos de los mensajes que realizaron integrantes de Guerreros Unidos que se encontraban en México y Estados Unidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Hasta ahora han obtenido su libertad 74 de los 142 detenidos por estar relacionados con la privación ilegal de la libertad de los 43 normalistas y su posterior desaparición, debido a errores en la integración de las averiguaciones previas, y la comisión de violaciones al debido proceso y actos de presunta tortura.
Al respecto, se le preguntó al fiscal qué se hace para evitar que puedan recuperar su libertad otros imputados, a lo cual refirió: “Promover pruebas que en su momento obraban dentro de la propia investigación y que tenían que haber sido ofrecidas a las autoridades jurisdiccionales con ese ánimo de lograr un convencimiento para terminar la etapa de instrucción y lograr sentencias”.
Asimismo, explicó, la unidad busca acuerdos con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que se encargue de la aplicación del Protocolo de Estambul a los detenidos que han señalado que fueron objeto de tortura para determinar si es verdad o no la comisión de esa irregularidad, y se aportará a los tribunales. Agregó que durante las administraciones pasadas se aplicaron estos protocolos, “pero en su mayoría salieron negativos. Hay que repetirlos, según los requerimientos del tribunal colegiado, y entre ellos está que sean llevados a cabo por una autoridad diferente a las ministeriales y policiacas que llevaron a cabo las detenciones y consignaciones.
“El acuerdo que se ha celebrado con la comisión [capitalina], es importante, en el sentido de darle credibilidad y sostenibilidad a la práctica de estos protocolos”.
Aseguró que “otra prueba que se está aportando son los dictámenes en telefonía, los cruces de conversaciones que en su momento se dieron, la geolocalización de los telefonemas, y también los mensajes entre Guerreros Unidos desde Chicago, Estados Unidos y en México”.