La Paz, Baja California Sur.- Las exfuncionarias directivas despedidas por el Ayuntamiento de La Paz el 15 de octubre se dijeron víctimas de una “persecución política” por parte del presidente municipal, Rubén Muñoz Álvarez. En un comunicado que leyeron ante medios de comunicación, calificaron su cese laboral como “injusto” e “ilegal” por estar fundado y motivado en una “pérdida de confianza”, que en realidad se trató de represalias por no apoyar su “proyecto” político rumbo a la elección de 2021.

Esto tras la derrota en las urnas de Guillermo Guzmán Cota, aspirante a la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien el pasado 12 de octubre alcanzó solo 69 votos en los comicios del partido, para tener así el último lugar como probable “delegado estatal” y acceder al derecho de nombrar al nuevo presidente en noviembre.

“Nos ha llamado la atención la dispersión, la improvisación, el descontrol y la tardanza con la que atiende asuntos torales […] Se han entorpecido porque el propio presidente Muñoz Álvarez nunca tiene tiempo para recibirnos”, dijeron las exfuncionarias en conferencia de prensa. “A nuestro parecer, el presidente ocupa más su tiempo en proyectarse política y socialmente que atender asuntos de oficina y quizás nuestro error haya sido hacérselo notar”, expuso Patricia Meza Castro, exdirectora de Desarrollo Económico.

Las mujeres despedidas señalaron que la pérdida de confianza no se notaba cuando ellas participaron en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y su primer informe de gobierno. En ese momento Muñoz Álvarez “destacó innumerables logros, procesos y trabajos por llevar a cabo”, aseguran: “elogió nuestros servicios, validó nuestra disciplina y entrega ¿y ahora nos escatima méritos? Nos resulta incomprensible”, señaló Meza.

Las exfuncionarias calificaron como sin sustento la notificación firmada por el director de Recursos Humanos, Jorge Arturo Barrón Pinto, desde el pasado 5 de julio de 2019, personaje que fue regidor del Partido Acción Nacional (PAN) en el cabildo del exalcalde Armando Martínez Vega.

Es así que se dijeron afectadas en su integridad y acusaron al Ayuntamiento de no realizar pruebas de “control y confianza” previo a sus nombramientos, ratificados por unanimidad en la primera sesión ordinaria de Cabildo. “Para despedirnos se les tenía que haber consultado […], toda vez que el presidente municipal preside un Cabildo y no puede según la ley tomar decisiones personales en estos casos”, indicaron.

Asimismo, destacaron que los despidos en encargos encomendados “a mujeres” y recalcaron que Víctor Martínez de Escobar Cobela y David Moyrón Quiroz, director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y coordinador de Gestión Urbana, respectivamente, fueron separados de sus encargos para evitar señalamientos de discriminación por género.

“El propio secretario general Alejandro Mota les llamó de parte del presidente para decirles que ese oficio de despido no era válido para ellos, sino que esperaran la llamada del presidente, que tenía una oferta y un mejor nombramiento que hacerles si esperaban un tiempo prudencial”, señaló. Hicieron un llamado al Cabildo a celebrar una sesión extraordinaria de Cabildo, con el fin de que Muñoz Álvarez “justifique” con hechos los despidos que se “prefiguran como injustificados”.

“Si pensar diferente al presidente políticamente y en nuestros tiempos libres ejercer una preferencia distinta a su proyecto personal, cualquiera que este sea, es un delito, adelante, pero que no base su dicho de despedirnos en pérdida de confianza”, agregaron.

Las exfuncionarias que protestaron fueron: Diana Gavarain Acevedo, de Atención Ciudadana; Fernanda Villarreal González, de Catastro; Teresa Ruíz Soto, de oficialía mayor y Patricia Meza Castro, de Desarrollo Económico. Ellas fueron respaldadas por los regidores de Morena Cecilia Higuera Murillo, Pavel Castro Ríos y Marcela Amador Morga, quienes exigieron al presidente municipal apegarse a la ley para cualquier cambio en la estructura municipal.