La Paz, Baja California Sur.- El veto parcial a la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas para Baja California Sur (BCS) dado por el gobernador, Carlos Mendoza Davis, son solo “pretextos” para no decretarla.

Esto señaló el diputado Esteban Ojeda Ramírez, coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local.

El mandatario estatal señaló que no hay suficiente “presupuesto” para crear un organismo que administre y garantice los derechos de este sector vulnerable.

“Evidentemente es un pretexto bueno que utiliza el gobernador, sin embargo, el recurso no es tanto el problema”, indicó el diputado morenista.

“La oficina del gobernador se gasta casi 100 millones de pesos anuales, no creo que no se puedan destinar 5 millones para una comisión compuesta por 7 personas”, señaló.

Dijo que el titular del Poder Ejecutivo ofreció cifras minimizadas sobre el sector social que representan los grupos indígenas y afromexicanos.

“Dice que son alrededor de 7 mil personas, que no representan el 1 por ciento. Tenemos una cifra apoyados en Inegi y con apoyo de los ayuntamientos que son cerca de 90 y 100 mil personas”, dijo el diputado a Diario El Independiente.

“Puede ir más allá, es una población que está constantemente llegando”, añadió.

Señaló que buscarán “solventar” las observaciones del gobernador, sin embargo, dijo que con una segunda aprobación no podrá volver a ser vetada.

Recalcó que además, el veto llegó fuera de los tiempos legales establecidos, que son al menos 10 días hábiles después de su aprobación dada el 30 de junio.

“En dado caso debió presentarse el día de inicio de sesiones, el 1 o 2 de septiembre. No lo hizo, algo ocurrió en la oficina del gobernador, los asesores jurídicos no lo tuvieron a tiempo”, consideró.

“Vamos a coordinarnos para que esto salga a la brevedad posible, los 21 diputados y la comunidad que es numerosa, estamos en disposición de trabajar para que a la brevedad quede aprobada”, finalizó.