Ciudad de México.- En el afán de disuadir y reducir la migración que transita por territorio nacional hacia Estados Unidos, en México se han recrudecido las políticas migratorias, denunciaron organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante la audiencia “Migración y asilo en México” solicitada por organismos no gubernamentales en el contexto del 173 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), María Corina Muskus de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) afirmó que “para disuadir y reducir la migración, México no tiene reparo en generar sufrimiento y trauma a las personas migrantes y solicitantes de asilo, esto se traduce en la violación sistemática y generalizada de sus derechos humanos".

Ante funcionarios del gobierno nacional, Muskus abundó que el Estado mexicano entiende la migración como un problema de seguridad nacional equiparable al narcotráfico y crimen organizado.

Por ello -agregó- la política migratoria en México se ha recrudecido mediante un enfoque militarizado con el despliegue de al menos 2 mil elementos de la Guardia Nacional entre frontera norte y sur.

Indicó que en 2019 se ha observado un incremento significativo del número de personas en necesidad de protección internacional. Durante el primer semestre la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) recibió 31 mil 355 solicitudes de refugio, por lo que se proyecta que 80 mil personas buscarán esta protección en México este año. Lo anterior significa un incremento del 196 por ciento en estas peticiones de 2018 a 2019.

Añadió que privilegiar el enfoque de seguridad sobre el de protección de las personas migrantes ha generado debilitamiento institucional de la Comar.

Además, sostuvo, “en los últimos meses el nuestro país transitó de un discurso de protección de las personas migrantes a una política que criminaliza la migración calificándola de ilegal y descontrolada y la coloca en un plano de un ilícito”.

Tras la implementación de un Protocolo de Protección Migrante (MPP) y el acuerdo México- Estados Unidos se consolidó una política de contención, detención y deportación.

Por un lado, explicó, nuestro país se comprometió a contener los flujos migratorios que ingresan por la frontera sur y por el otro, en un hecho inédito aceptó recibir en la frontera norte a todas aquellas personas que se encuentran en proceso de asilo en Estados Unidos y que ingresaron a este país por México.

“El involucramiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la conducción de la política migratoria ha llevado a que la migración sea atendida desde una lógica comercial y diplomática y no de derechos humanos”, consideró.

Esta intervención se fortalece y se pretende legitimar a través de un decreto presidencial mediante la cual se creó la comisión intersecretarial de atención a los migrantes

En relación a los impactos de esta política, Soraya Vázquez defensora de derechos humanos con Families Belong Together en Tijuana, expuso que desde junio de 2016 el Estado mexicano aceptó colaborar con Estados Unidos para dosificar el ingreso de solicitantes de asilo a través de listas administradas discrecionalmente por los propios migrantes en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la sociedad civil.

Ello significa que toda persona que quiera solicitar asilo en Estados Unidos debe anotarse en las listas que operan en las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros.

Agregó que hoy en día a lo largo de la frontera permanecen 40 mil personas en espera de su turno, a esa cifra se suman 42 mil solicitantes de asilo en Estados Unidos que han sido retornados a México bajo el MPP.

Soraya Vázquez dijo que la discrecionalidad en el manejo de la lista ha permitido actos de discriminación en contra de solicitantes africanos, haitianos e indígenas, así como mayor corrupción, venta de lugares y el pago de soborno a funcionarios públicos de hasta 800 dólares por adelantar su turno.

“El Estado no ha adoptado medidas para garantizar las condiciones mínimas de estancia digna y segura para las personas retornadas por el MPP y en busca de su protección. Estos individuos se encuentran expuestas en ciudades fronterizas como Tijuana, ciudad Juárez y Tamaulipas, las cuales registran altos niveles de violencia e inseguridad”, advirtió Vázquez.

Afirmó que lo único que ofrece el Estado mexicano a las personas retornadas por el MPP "es un papelito", una Forma Migratoria Múltiple que no les permite trabajar, estudiar ni acceder a servicios de salud.

“En este escenario de abandono institucional, la única ayuda humanitaria proviene de albergues, sociedad civil y asociaciones religiosas sin ningún financiamiento público, lo cual es sumamente grave si consideramos que las personas deben esperar hasta cuatro meses su turno en la lista y otros que tienen su próxima audiencia en corte de migración hasta mediados del 2020”, aseveró.

Denunció que la cancillería mexicana coordina operativos en los que semanalmente dos autobuses con 80 personas retornadas salen de Matamoros, Tamaulipas con destino a Tapachula, Chiapas. "Allí son abandonados sin certeza alguna sobre sus condiciones de estancia, mucho menos garantía de que podrán acudir a su próxima audiencia.

Por su parte, Ángeles Hernandez de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos declaró que "ha quedado de manifiesto el recrudecimiento de la criminalización generalizada de la población migrante".