Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Concluyó el mes de septiembre en la incertidumbre para la sociedad civil organizada de Los Cabos, debido a la evidencia de que algo no está bien en la forma de otorgar permisos y licencias para construcción en el destino. Por una parte, las inconsistencias en los documentos oficiales otorgados por la autoridad municipal, por otra, la manera en que concesionarios de la zona federal marítimo terrestre pueden construir a la orilla del mar estructuras de concreto, ladrillo y acero mediante el aval de autoridades federales. 

También, ha sido del conocimiento público la forma en que se entregan licencias y autorizaciones para la colocación de publicidad en la zona turística. En los casos que interfiere el orden y el desarrollo del corazón turístico de Cabo San Lucas (CSL), la Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC) y el Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos (CCC) han fijado postura.

• Coco Bongo y Mango Deck, en la mira de los empresarios

Situaciones como el otorgamiento de permisos para anuncios espectaculares para el centro nocturno Coco Bongo y el accidente en Mango Deck, un restaurante en la zona de El Médano, al realizar una construcción con vigas de acero, evidenció que algo no está bien en la aplicación de los reglamentos y leyes vigentes para el comercio de CSL. La inconformidad empresarial obedece a que cada 15 días existen reuniones con autoridades de los 3 niveles de gobierno para “poner orden” y “avanzar” en lo que han calificado como un esfuerzo conjunto para que el destino turístico no caiga en malas prácticas de desorden, corrupción y actos en detrimento de la calidad en el servicio que Los Cabos pregona a nivel internacional. 

En este mismo diario, se expuso la declaración a una sola voz del CCC en palabras de su presidente ejecutivo, Julio Castillo Gómez, quien reiteró el llamado a todas las autoridades en el gobierno para que se cuestionen qué están haciendo al respecto. “El llamado sigue siendo el mismo, que las autoridades tienen la obligación de revisar que las cosas se lleven a cabo de manera ordenada, sin excepción […] En este caso, de estas construcciones, habría que darle oportunidad a la autoridad de volver a revisar las cosas”, dijo el empresario. 

“Ya estamos en una etapa que se ha exigido al nuevo gobierno en sus tres niveles que se revise con lupa cada obra, que se revise que se lleven a cabo bien, que se ejecuten los planes y reglamentos que limitan la inversión para que ésta sea ordenada”, exhortó Castillo Gómez. 

Mauricio Salicrup, de la AHLC, llamó a los empresarios a conducirse de la manera correcta, tanto en la obtención de contratos como en el desarrollo de obras. A veces, dijo, tienen “muchos argumentos de que tienen permisos” para construir u operar al margen de la ley, “pero ¿cómo los consiguieron?”, cuestionó, “y ¿qué tan bien planeada está su construcción? […] Lo que sí quiero es llamar la atención de los inversionistas serios en Los Cabos, hacer las cosas bien, como deben de ser, para que no proliferen estas malas noticias en el destino y nos afecten a todos”. 

• La construcción de una gasolinera cerca de una escuela

Durante los días que ocurrieron las situaciones antes descritas, un grupo de padres de familia levantó la voz a través de una serie de manifestaciones, a razón de que se está construyendo una gasolinera muy cerca de un jardín de niños. 

Debido a esto, la comunidad escolar del plantel Alejandro Torres, ubicado en la colonia Lagunitas, en CSL, realizó una marcha para externar su sentir. La escuela alberga a más de 200 niños, y opera mucho antes del proyecto de la estación de combustibles. 

Sustentando su desacuerdo, los padres de familia recordaron que “los centros de atención no podrán estar ubicados a menos de cincuenta metros de áreas que representen un alto riesgo, de conformidad con lo establecido en el Atlas Municipal de Riesgos”. 

En virtud a esta normatividad vigente con fecha en la última reforma el 10 de mayo del 2016, la comunidad escolar del jardín de niños busca que las autoridades del XIII Ayuntamiento de Los Cabos expliquen cómo es posible autorizar la construcción de la estación de combustibles tan cerca del plantel educativo. 

• Permisos irregulares, la historia de siempre en Los Cabos 

La cereza en el pastel de la corrupción y la irregularidad en el municipio de Los Cabos en lo referente a construcciones fuera de norma fue la edificación y desarrollo de los fraccionamientos Chulavista, en CSL, y Puerto Nuevo, en San José del Cabo (SJC), donde alrededor de 600 familias vivieron el miedo de perder la vida y su patrimonio durante los fenómenos meteorológicos Odile (2014) y Lidia (2017).  

Posteriormente, resultado de la catástrofe que ocurrió con el colapso de 2 edificios, autoridades gubernamentales confirmaron que los residenciales estaban en zonas de riesgo, situación que al parecer sólo la autoridad no sabía. Aun con el miedo y dolor de la situación, los habitantes de ambas zonas habitacionales han sido la “carne de cañón” de políticos para sus campañas, de medios de comunicación y hasta del propio expresidente Enrique Peña Nieto, quien se comprometió a realizar la reubicación y asegurar el patrimonio de los afectados, cosa que al día de hoy no ha ocurrido. 

Tampoco funcionario público alguno ha sido requerido por la autoridad, al menos en un citatorio, para que explique cómo se autorizó la construcción de estos edificios.