CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al ayuntamiento de Tlapa de Comonfort y a la Fiscalía General de Guerrero realizar las acciones necesarias para la reparación del daño a una víctima de agresiones por parte de mujeres policías municipales.

El organismo dirigió la recomendación al alcalde Dionisio Merced Pichardo García por actos de tortura y violencia sexual en agravio de una activista de derechos humanos, atribuibles a las policías.

Asimismo, la envió al fiscal general de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, por la inadecuada atención de los hechos y vulnerar con ello los derechos humanos de la víctima en su integridad personal, acceso a la justicia en la modalidad de procuración de justicia, a la privacidad y a vivir una vida libre de violencia.

Refirió que el 16 de septiembre de 2017, policías municipales detuvieron a una activista y su pareja por alterar el orden en la vía pública y tener comportamientos agresivos contra las autoridades policiales cuando es aprehendida.

Sin embargo, la CNDH expuso que esas situaciones no justifican la reacción hacia la activista y su pareja, quienes fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde la defensora fue intimidada por dos mujeres policías, quienes, además, la agredieron sexualmente.

Mencionó que tras ser liberada, la víctima intentó denunciar ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales, pero al estar cerrada acudió a una del Fuero Común, donde no la atendieron por estar "alterada" y porque no era de su competencia.

Luego de la investigación, la CNDH concluyó que la agraviada presentó lesiones en el cuerpo y secuelas psicológicas por violencia sexual, y resolvió que dichos actos trascienden a tortura, pues la intención fue castigarla por su comportamiento y resistencia en la detención.

Además, que la Fiscalía estatal vulneró el derecho de la agraviada de acceso a la justicia, al negarle la posibilidad de presentar su denuncia debido a estereotipos de género, lo que derivó en dilación para la investigación de la agresión sexual.

El organismo también determinó que la Policía Municipal y la Fiscalía estatal no garantizaron la protección de los datos personales de la víctima, contenidos en soportes electrónicos de imagen y video, pues fueron divulgados en redes sociales mientras ambas autoridades tenían el material en su resguardo.