La Paz, Baja California Sur.- Para el gobernador, Carlos Mendoza Davis, resulta inconveniente crear un organismo administrativo de atención a población indígena en Baja California Sur (BCS).

Por ello dijo que emitirá un veto parcial a la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, aprobada el pasado 30 de junio por el Congreso del Estado.

“El veto es claro. Es en relación a la creación de la Comisión Estatal en la materia. No al precepto del fondo de la ley”, indicó el titular del Poder Ejecutivo a pregunta expresa de Diario El Independiente.

“No estamos de acuerdo, porque no estamos en posibilidad de hacerlo […] en la creación de una unidad burocrático-administrativa adicional”, agregó.

Propuso que los asuntos contemplados en dicha ley para esta Unidad, sean atendidas por la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Álvaro de la Peña Angulo.

“Pueden ser atendidos de manera adecuada, garantizando el cumplimiento de cada uno de sus derechos”, precisó.

“Los recursos en lugar de usarlos para crear una unidad administrativa más ¿Por qué no los usamos mejor para promover la garantía de los derechos de estas personas?”, cuestionó.

Se dijo completamente en concordancia en garantizar los derechos a poblaciones de origen indígena, sin una carga burocrática adicional.

Este veto parcial no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de BCS, no obstante diputados del Congreso han señalado, se encuentra “fuera de tiempo”.

Milena Paola Quiroga Romero, diputada local de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recalcó que, para vetar esta ley, debió ser dentro de los 10 días hábiles posteriores a su aprobación.