La Paz, Baja California Sur.- A dos meses y una semana que el congreso de Baja California Sur (BCS) aprobara el proyecto de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas presidida por la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Petra Juárez Maceda, sigue sin lograr publicarse en el Diario Oficial del Estado, donde Diario El Independiente ha dado seguimiento puntual a esta Ley desde sus inicios y que ofrece protección y desarrollo integral a los pueblos originarios indígenas y afromexicanos.

Es importante indicar que la diputada Juárez Maceda presentó este proyecto desde el 2018 ante el pleno del congreso, misma que durante muchos meses llevó un largo proceso pues el proyecto se presentó a todas las comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad, para que fueran ellos quienes señalaran o agregaran algún apartado importante para su seguridad y mejora.

De esta forma una vez que se hicieron las revisiones de todas las comunidades, se realizaron mesas de consulta y diálogo con todos los pueblos originarios, donde ni uno solo de ellos faltó. Cada uno de los señalamientos fueron adecuados a esta Ley y posteriormente integrados legalmente para presentarse al congreso para una segunda lectura y su posterior aprobación, misma que se logró el 27 de junio de este 2019.

Esta Ley tiene como objetivo principal regular el reconocimiento y la protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas que viven en nuestra entidad, "así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos", señala el documento oficial.

Formalmente serán los tres poderes quienes tendrán la obligación puntual de garantizar los Derechos de estas comunidades a través de sus instituciones, pero también de políticas públicas que además ofrezcan un desarrollo integral de sus tradiciones culturales y su lengua, por lo cual tendrán que estar diseñadas y operadas conjuntamente con ellos, es decir un trabajo en sinergia para que participen ambas partes en pleno conocimiento de las necesidades y fortalezas. 

Con esto también se crearía el Consejo Estatal Indígena y Afromexicano, y por consecuente los consejos municipales mismos que a pesar de que el gobernador Carlos Mendoza no ha aprobado, se han ido estructurando paulatinamente por convicción de algunos Ayuntamientos a fin de atender necesidades de pueblos originarios.

 Dicho consejo será un organismo desconcentrado de la administración pública estatal, pero sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, contando con autonomía funcional, personalidad jurídica y patrimonio propio que servirá para observar, ejecutar, promocionar, estudiar y divulgar los Derechos de la cultura indígenas y afromexicanas en todo el territorio sudcaliforniano, dado que ello jamás lo han hecho los gobiernos estatales, que si bien han atendido algunas peticiones bajo la vieja práctica del asistencialismo, realmente no buscaron un desarrollo pleno.

De acuerdo al documento oficial las actividades antes mencionadas podrán realizarse cuando el gobierno estatal y los cinco ayuntamientos del estado decreten las partidas en sus presupuestos de egresos, mismas que serán destinadas para dichos ejercicios jurídicos, donde también se establecerán las formas y procedimientos para que las comunidades participen en la vigilancia de la misma.

Al no ser aprobada esta Ley las comunidades continuarán vulnerables ante cualquier trato discriminatorio que realizan las autoridades estatales y municipales, tal es la constante que se lleva por parte de autoridades judiciales donde al detener a una persona indígena que no hable español, la institución no preservará sus Derechos y ejerce, usualmente, un proceso jurídico donde alguien que habla una lengua indígena tiende a ser detenida, investigada y hasta procesada sin conocer el motivo, las circunstancias y sus derechos más básicos en un sistema judicial.

Lo que esta Ley busca es que las instituciones de todos los niveles de gobierno, integren a su sistema una gama de políticas públicas para ofrecer una protección integral ante cualquier conducta que agreda su persona, su cultural, sus derechos, su lengua y tradiciones por el simple hecho de ser indígenas, donde se incluyen tratos dignos, traductores, servicios adecuados en todas las áreas y por supuesto capacitación constante del personal para saber cómo apoyarlos y atenderlos.

De esta forma y una vez que el gobernador del Estado apruebe y publique esta Ley, deberá ser socializada para que la comunidad Sudcaliforniana sepa que las instituciones gubernamentales estarán adecuando sus servicios y actividades a fin de ofrecer el trato que nuestros pueblos originarios merecen, además de que las comunidades indígenas y afromexicanas que residen en BCS estarán más seguras al saber que los gobiernos locales están adecuados y preparados para trabajar a favor de sus derechos.