La Paz, Baja California Sur.- Luego de que el gobernador de Baja California Sur (BCS) Carlos Mendoza Davis, determinara un veto parcial del decreto 2620 con la cual se expidió la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanos, la comisión permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del congreso local, convocaron a todos los pueblos originarios a una serie de audiencias para tratar el tema jurídicamente.

A través de un comunicado que realizó dicha comisión permanente, el pasado domingo 22 de septiembre se realizó la primera audiencia entre en el parque Caribe de la misma colonia en Cabo San Lucas a partir de las 4:45 pm, donde posteriormente se realizará en La Paz dentro de la conocida secundaria técnica número 10.

En la convocatoria que realiza la comisión se indica que la primer reunión sería en La Paz el 28 de septiembre, seguido de Cabo San Lucas el 29, pero debido a la prontitud para ejercer acciones legales en contra de este veto, la presidenta de la comisión Petra Juárez Maceda y el resto de los pueblos originarios decidieron iniciar las reuniones.

Las próximas audiencias se tienen programadas para 5 de octubre en la cancha pública de Mulegé a las 5pm, el parque Ballenas en la colonia Miramar de Loreto a las 10 am el 6 de octubre; siendo que ese mismo día se contemplaba la última audiencia en la secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta en Comondú a partir de la 5pm; pero debido a los cambios se desconoce si respetarán estas fechas o las realizarán una seguidas de otras.

De acuerdo a la legisladora el objetivo principal de estas audiencias es realizar un análisis profundo de este veto, pero en presencia de los integrantes indígenas y afromexicanos de la entidad, para que conozcan y sepan que sucede en torno a este procedimiento que fue calificado por muchos como injusto, pues el ejecutivo a pesar de poder presentar sus observaciones en la siguiente legislatura después de su aprobación, rebasó los 10 días máximos que estiman las normas.

Cabe recordar que a finales de junio este Ley Indígena fue aprobada por el congreso local, donde Mendoza Davis tenía 10 días para analizarlo o publicarlo en el Diario Oficial, pero pasados los dos meses simplemente señaló que en BCS no existen pueblos indígenas suficientes para implementar un recurso para crear acciones a favor de este sector social, siendo que la Secretaría de Finanzas había sido informada por la diputada sobre esta medida, donde ella prometió legislar recurso para aplicar la Ley.