La Paz, Baja California Sur.- Tras el llamado que hiciera el alcalde Rubén Muñoz Álvarez para que los jueces muestren mayor severidad ante los ladrones, y luego de que la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Daniela Viviana Rubio Avilés, propusiera reformas al Código Penal para elevar las penas a quienes cometen robo, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Daniel Gallo Rodríguez, señaló que incrementar las penas es tan sólo “una mínima parte” de la solución contra el delito, por lo que el trabajo debe concentrarse en la coordinación institucional y la capacitación de fuerzas policiacas.

Aplicando discernimientos más rígidos, Rubio Avilés propuso el pasado 10 de septiembre actualizar criterios del Código Penal referentes a la determinación de castigos en casos de robo, así como modificar apartados relativos a la sustitución y suspensión de penas, reformando 8 artículos y adicionando 6. Frente a ello, Gallo Rodríguez se dijo respetuoso, aunque escéptico.

“Respeto la decisión, la forma en que la diputada quiere aportar para que la delincuencia disminuya, que tengamos una mejor sociedad. Lo que finalmente se determine, nosotros lo respetamos, nosotros sólo somos aplicadores de la norma. Sin embargo, yo no comparto el hecho de que el aumento de las penalidades sea una solución, creo que es una mínima parte que pudiera ayudar […] Creo que la solución para acabar con la impunidad es que todas las autoridades trabajemos de una forma profesional, capacitada, con responsabilidad, y, en la medida que todos trabajemos de esa forma, vamos a tener una mejor justicia: no depende nada más del poder judicial” dijo el magistrado presidente a Diario El Independiente. 

Por su parte, a principios de mes, Muñoz Álvarez calificó como “jueces garantistas” a quienes parecen juzgar a favor de los delincuentes, e hizo “un llamado al poder judicial” para solicitar que “sean más severos los jueces con el problema de los delitos de robo de bajo impacto”, pues el sistema de justicia, dejó ver, es una puerta giratoria para los ladrones. “Me pronuncio”, exclamó, “porque el poder judicial sea parte de la estrategia de seguridad, porque hasta el momento no ha participado en el trabajo que estamos haciendo para ordenar la seguridad de La Paz”.

El magistrado presidente del TSJE respondió que “el hecho de que tengamos una legislación penal garantista no depende del poder judicial del estado, incluso ni de la federación”, pues “el garantismo que existe actualmente en el sistema penal acusatorio viene de la Constitución, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de convenciones internacionales de derechos humanos”. Los jueces del sistema judicial sudcaliforniano, afirmó, se ciñen “a un marco jurídico, a un marco legal”. Es por ello, insistió, que “el garantismo no lo fija el poder judicial, está fijado en las normas legales” indicó a este matutino.

Asimismo, en cuanto al exhorto del presidente municipal para que se ejerzan con mayor severidad las leyes, Gallo Rodríguez consideró que “el llamado no debería hacerlo nada más al poder judicial sino a todas las autoridades involucradas”, y en primer lugar a su Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

“Es la policía municipal, y todas las policías, las que inician los procedimientos: desde una detención, desde el aviso de que se cometió un hecho ilícito”, reviró el magistrado. “Las autoridades deben de actuar de una manera correcta, para que luego la procuraduría tenga elementos para que, posteriormente, cuando judicialice con nosotros, se trabaje de buena forma. Es decir, no depende nada más del poder judicial el que podamos tener mano dura o severidad con quienes aparentemente han infringido la ley, depende de todo un engranaje de autoridades, empezando por ellos mismos, por la autoridad municipal". 

En este tenor, Gallo Rodríguez invitó al alcalde "a que capacite a sus policías" y "a que pueda trabajar de una mejor forma, para que el trabajo que surja desde abajo llegue bien al poder judicial”.

Finalmente, es preciso recordar que, acerca de los llamados del alcalde de La Paz al poder judicial, el diputado Homero González Medrano, secretario de la Comisión de Asuntos Políticos en el Congreso del Estado –órgano encargado de atender conflictos entre ayuntamientos y los demás poderes–, recordó que “el robo como delito grave ya está legislado”, por lo que sugirió como innecesario aumentar penas o ejercer mayor severidad, y planteó que lo verdaderamente imperioso es “que se aplique la ley”. No obstante, aceptó que la asimilación de todo cambio, en este caso la adaptación a un nuevo sistema de justicia, toma tiempo. “En todo proceso de reforma y transición”, sostuvo, “siempre hay gran parte de lo viejo e incipientemente algo de lo nuevo”, por lo que la ciudadanía debe esperar a que poderes como el judicial adopten, y se adapten, las nuevas maneras de juzgar.

Daniel Gallo no estuvo de acuerdo con esta hipótesis, particularmente en lo que se refiere a su ámbito, pues “el poder judicial del estado de Baja California Sur”, aseveró, “es el que mejor capacitación tuvo en la implementación del sistema acusatorio”, colocándose de esta forma “muy por encima del resto del resto de las instituciones”, incluyendo las de la esfera legislativa. De tal suerte que, como lo hiciera con Muñoz Álvarez, no dudó en invitar a González Medrano a que se acerque a él para  “platicarle un poquito” y que se entere de la capacidad y capacitación del TSJE.