La Paz, Baja California Sur.- Luego de que el 27 de junio de este año en curso se aprobara la Ley en materia de Desaparición Forzada y la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, el gobernador Carlos Mendoza Davis sigue sin aprobar ambas leyes y por lo tanto, no han podido oficializarse a través del Boletín Oficial.

En este sentido la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos indígenas del congreso local, Petra Juárez Maceda, exhortó en tribuna durante la sesión extraordinaria al gobernador panista, para aprobar ambas Leyes y agilizar los trabajos con ambos sectores, pues en la Ley indígena se trabajaron por meses con todos los pueblos originarios del estado y en Ley de desapariciones forzadas promueve una comisión estatal de búsqueda.

La funcionaria señaló que a través de dos oficios enviados a la oficina del ejecutivo el 5 de julio, requería que los decretos 2620 y 2621 que contienen dichas leyes, deben, con urgencia, ser aprobadas para su aplicación, vinculación, , operación, gestión, evaluación y seguimiento de los temas vertidos en ambas leyes.

"Los familiares de personas desaparecidas estuvieron acercándose con la comisión para tratar el tema, ellos son los mayores interesados y nos pidieron acelerar este proceso, igual con nuestros hermanos indígenas, fue mucho el trabajo que se hizo con ellos, traducciones de toda la propuesta, consultas, cambios y también están esperando que se aplique", comentó en este sentido a Diario El Independiente.

En el caso de la Ley para pueblos originarios y afromexicanos también se prevé la creación de un consejo estatal, así como el establecimiento de consejos municipales que den seguimientos a los grupos que residen en cada municipio, siendo que pocos ayuntamientos trabajan directamente con el sector indígena a menos que sea trabajo directo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Cabe resaltar que una vez aprobada una Ley local, el ejecutivo estatal tiene la obligación legal de realizar las observaciones generales en un plazo de 10 días para someterlo a cambios, donde al no ser el caso deberá ser publicado para dar cumplimiento jurídico. A pasado poco más de un mes de su aprobación legislativa y el gobernador Mendoza Davis no ha podido atender puntualmente el tema.

Por el contrario la reforma de Matrimonio Igualitario fue publicada en el Boletín Oficial al día siguiente de su aprobación, una sorpresa para muchos. Se espera que este rezago del gobierno estatal disminuya significativamente, más aún cuando fueron dos temas bastante trabajados y por supuesto, de corte delicado.