La Paz, Baja California Sur.- El pasado 30 de julio el senador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Ricardo Velázquez, presentó ante el congreso de la unión una petición un punto de acuerdo ante la tercera Comisión de Trabajo, para solicitar ante el Congreso de Baja California Sur (BCS) y el Comité Técnico de Valoraciones de las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de BCS, para conocer las percepciones máximas que hasta ahora los 21 diputados están recibiendo íntegramente.

De acuerdo al documento oficial, la petición llegará directamente al Comité Técnico de Remuneraciones y al congreso local para que reintegren todos los documentos necesarios para su valoración, donde inicialmente el resolutivo del punto de acuerdo presentado por el senador, fue la de presentar la última actualización de los montos máximos de las percepciones de los legisladores sudcalifornianos, así como el monto real y actual de dichas percepciones mensuales asignadas.

Pero una vez que paso a manos de la tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, el resolutivo propuesto para el dictamen fue la de requerir los documentos anteriores para verificar los sueldos y pedir reducción de los mismos si estos rebasan los del gobernador y del presidente de la República.

Es decir que si el Congreso de la Unión percibe que los diputados de BCS tienen un sueldo mayor al de estas dos figuras de poder, solicitarán al propio congreso local y al Comité Técnico de Remuneraciones que bajen los sueldos conforme dicta el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice los servidores públicos de la federación y las entidades federativas recibirán un suelo adecuado a sus atribuciones.

En su apartado II señala ningún servidor público podrá recibir por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República; mientras que el apartado III indica, "ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente".

De igual manera el apartado VI de este artículo constitucional, señala que es, el Congreso de la Unión y las legislaturas federativas, quien tiene la facultad de hacer efectivo el contenido de dicho artículo bajo las sanciones penales o administrativas, todas aquellas conductas que refieran el incumplimiento o la simulación del artículo 127 de nuestra Constitución. 

De acuerdo al senador Ricardo Velázquez, el documento fue aprobado este miércoles 7 de agosto y será enviado en breve a las autoridades antes mencionadas, las cuales tienen como máximo ochos días hábiles para contestar y hacer cumplir la petición del Senado.

Cabe señalar que algunos diputados de la fracción Morena han decidido retirarse bonos y pagos extras como parte de la austeridad que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde la bolsa acumulada hasta ahora es de siete millones de pesos, los cuales se mencionan, serán devueltos al pueblo. No es el caso de los diputados que subieron a estos cargos gracias a la alianza nacional Juntos haremos historia como Perla Flores, Lorenia Montaño, Rigoberto Murillo, Sandra Moreno, Ramiro Ruiz y Héctor Ortega.

Por otra parte el artículo constitucional es claro y no indica que sólo quienes estuvieron en esta alianza electoral deberán percibir menores sueldos que el presidente, sino que serán todos los funcionarios públicos estatales y federales sin importar partido. Se indica esto derivado a que diputados como Ana Beltrán, Daniela Rubio, Maricela Pineda, José Luis Perpulli, Elizabeth Rocha y Mercedes Maciel, han expresado que al no "pertenecer" a estos compromisos electorales no tendrían por qué reducir sus ingresos, pero al estipularse en las Leyes nacionales deberán cumplirlo sin excusa.