La desaparición de personas en México constituye una “tragedia humanitaria” y una “emergencia nacional forense”, aseguró Antonino de Leo, director en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

En el Conversatorio Construcción de Paz y Derecho a la Verdad, organizado por la Universidad del Claustro de Sor Juana, el funcionario de la ONU expuso que en este rubro “los retos en México son enormes”, y aunque dejó en claro que es un problema que no empezó en la actual administración, “el riesgo de ser víctima de desaparición en México es todavía actual”.

Ante familiares de personas desaparecidas provenientes de diversos estados, detalló que “el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha remitido un total de 56 mil 363 casos a 112 Estados, y México se ubica tristemente entre los 10 países con más casos remitidos a nivel internacional”.

De Leo precisó que aunque hubiera un subregistro en las cifras, la problemática es mayúscula.

“Si bien las estimaciones numéricas de la crisis son claramente menores a las cifras reales, existe un importante subregistro. De acuerdo con el registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas, al mes de abril de 2018 se contabilizaban 37 mil 435 personas desaparecidas en México.

“Al día de hoy, en declaración oficial del subsecretario de Derechos Humanos (de la Secretaría de Gobernación), Alejandro Encinas, sabemos que por lo menos son 40 mil 180 las personas desaparecidas, de acuerdo con esas cifras oficiales; que hay mil 100 fosas clandestinas y más de 26 mil cuerpos sin identificar”.

De Leo subrayó que quienes laboran en la UNODC, “admiramos y acompañamos su caminar” en la búsqueda de justicia y verdad, y subrayó que “de nada valdría reconocer que toda persona tiene derecho a la justicia si en realidad dicho acceso no es efectivo”.

Por ello, señaló que, “como parte de la garantía del derecho a la justicia, es indispensable que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de realizar búsquedas exhaustivas de las personas desaparecidas” y debe asegurar “reparaciones integrales y adecuadas para las víctimas de estas graves violaciones”.

Algunos de los familiares expresaron su “pena de que no estén aquí sentados representantes de gobierno que fueron invitados” y llamaron a que “todo este dolor e indignación se conviertan en acciones de búsqueda”. Invitaron a que en el contexto de la construcción de paz, “ver cómo pasamos de la indignación a la acción, porque desgraciadamente las desapariciones no cesan, las estadísticas nos siguen rebasando, no sólo de mujeres, sino también de jóvenes y niños”.