Preocupados vecinos de Chulavista por la cercanía de las viviendas y los problemas de convivencia con los invasores
Cabo San Lucas (CSL), Baja California Sur.- La posible acción legal que ejerza el particular que reclama la legal propiedad de un predio donde está asentada la colonia irregular “Invasión Cactus” de Cabo San Lucas, sería un precedente histórico en las acciones necesarias para frenar la posesión irregular de terrenos en el municipio de Los Cabos.
Como es sabido y del conocimiento público, el destino turístico de primer nivel, tiene a más de 4,500 familias asentadas en zonas de riesgo y alto riesgo, la mayoría en invasiones y predios irregulares, promovidos por corrientes políticas y asociaciones civiles que lucran con la necesidad de vivienda de las familias menos beneficiadas con las millonarias inversiones turísticas de la ciudad.
En contraparte a lo que sucede con la “Invasión Cactus”, nació y crece sin reparo alguno, la llamada “Colonia Unida López Obrador”, coloquialmente conocida como “Invasión Chulavista”, al norte de la ciudad; en donde ninguna autoridad gubernamental, ha hecho algo por evitar el desarrollo de este asentamiento humano, a todas luces ilegal y presuntamente promovido por personas afines al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues hasta el nombre le han puesto a la nueva colonia.
Vecinos del Fraccionamiento Chulavista, ven cada vez más lejos el actuar de la autoridad por frenar la mudanza de sus nuevos e invasores vecinos, quienes usan de basurero los predios cercanos a los edificios del residencial, además de robarse el agua potable, conectarse de la energía eléctrica de manera ilegal, quienes afirman, son al menos mil quinientas viviendas de material endeble, las que rodean la colonia.
Cualquier ciudadano puede confirmar el crecimiento de la invasión, que hoy colinda con el fraccionamiento Chulavista, llega hasta la colonia Mesa Colorada y el propio arroyo El Salto Seco; Sobre quien pudiera estar involucrado en la promoción de estos terrenos irregulares, ni el Gobierno del Estado de Baja California Sur, ni el Ayuntamiento de Los Cabos y mucho menos el Gobierno Federal han dado información o realizado acción alguna.