Más de 40 días hábiles han pasado, a pesar de que Carlos Mendoza Davis estaba obligado a emitir sus observaciones o decretarla en un plazo de 10
La Paz, Baja California Sur.- Sigue sin ser oficial la nueva Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur (BCS) aprobada por el Congreso local.
Esto debido a que el gobernador, Carlos Mendoza Davis, no ha dispuesto su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno, para su entrada en vigor.
Milena Paola Quiroga Romero, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que ha vencido su plazo de 10 días hábiles, para publicarla o emitir observaciones.
Esto debido a que han pasado más de 40 días hábiles desde su aprobación en el pleno, ocurrida el pasado 30 de junio de 2019.
“Desconocemos la razón del por qué el Poder Ejecutivo no ha hecho la publicación como tal, hemos hecho exhortos para ello y hemos hecho visitas”, señaló la diputada.
Esta fue dictaminada por la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Poder Legislativo, que preside la diputada Petra Juárez Maceda de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Dijo que su publicación ha sido esperada por la comunidad indígena del Valle del Vizcaíno, donde se concentra la mayoría de la comunidad en campos agrícolas.
“Son, de alguna forma, los que han estado preguntando a legisladores ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha publicado esta ley? Esperamos tener pronta respuesta del ejecutivo”, añadió.
Dijo Quiroga Romero que para estas personas la nueva ley resulta “de gran relevancia” y negó que represente un impacto presupuestal significativo para su promulgación.
“Puede que genere un pequeño gasto por las atenciones y las adecuaciones que se tienen que hacer en ciertas instituciones”, señaló la diputada.
“Sobre todo de impartición de justicia, derechos humanos, en donde se tiene que hacer un apartado especial para atención a grupo de personas indígenas”, dijo Quiroga a Diario El Independiente.
Aseguró que los indígenas tienen derecho a ser escuchados en su lengua y tener traductores en las instituciones del Estado, para asuntos legales y de justicia.
“Igualmente se debe de respetar la cultura de ellos, donde viven, dar difusión a su cultura, respeto, etcétera”, señaló la diputada.
“Cambiar un poco los hábitos en las instituciones para que se respete derechos a personas indígenas, implica tener personal capacitado, no es el gran gasto”, advirtió.
Recalcó que al menos un año de trabajo fue invertido en dicha ley, mediante mesas de diálogo con las diversas comunidades que habitan la entidad.
“Tuvo que cumplir con los acuerdos internacionales que ya están publicados, para que cualquier país, entidad o municipio pueda emitir una ley de asuntos indígenas”, señaló.
“Trabajo de legisladores, asesores, abogados, personas de la comunidad indígena de BCS que obviamente merecen respeto. Esperemos próximamente se publique”, finalizó.