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Hoy es martes, 26 de noviembre de 2024

Ciudadano se ampara por “vicios” en elección de miembros del Sistema Anticorrupción

Francisco Javier Lozoya del Pino, profesor investigador de la UABCS, logró acreditar irregularidades en la selección del Comité de Participación Ciudadana, tras ser rechazado por bajos puntajes sin una metodología clara

Ciudadano se ampara por “vicios” en elección de miembros del Sistema Anticorrupción

La Paz, Baja California Sur.- Jorge Alberto Camacho Pérez, Juez Tercero de Distrito en Baja California Sur (BCS) otorgó un amparo indirecto bajo el juicio 82/2019 a un ciudadano, por irregularidades en la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción.


Este resultó a favor de Francisco Javier Lozoya del Pino, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), que cuestionó el dictamen de selección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana.


Esto por incumplimiento de plazos, trato desigual, falta de metodología clara y “conflicto de interés”; Lozoya señaló como ilegal la actuación de la Comisión de Selección del “Comité de Participación Ciudadana”.


Por ello solicitó el amparo ante los actos de sus 5 integrantes: Luis Javier Sierra Noriega, Julio César Castillo Gómez, Lucía Alejandra Frausto Guerrero, Juan Carlos Esqueda Hampl y Óscar Felipe Zamudio Sánchez.


El juez expuso que dicha comisión no precisó de manera razonada y clara, el por qué se le otorgó a Lozoya una valoración menor a la de los candidatos electos en el dictamen.


Ellos fueron: Carmen Cristina Ortuño Villaseñor, Alma Lidia Cota Ojeda, Juan Liborio Fenech Cardoza, Guillermo Lara Morales y Jorge Moore Valdivia.


 “No se señaló en forma clara la metodología y los parámetros de valoración que se tomaron en cuenta para ello”, señala el juez.


“Con dicha actuación se le discrimina al dejar de darle un trato igual respecto de los demás candidatos. Lo anterior, resulta fundado y suficiente para conceder la protección de la justicia federal”, agregó.


Ciudadano se ampara por “vicios” en elección de miembros del Sistema Anticorrupción


Señala que dentro del dictamen de elección del Comité de Participación Ciudadana, se advierte la “total ausencia” de fundamentación y motivación respecto de los resultados.


Es decir, “no se indicó” en el mismo las calificaciones que cada uno de los integrantes obtuvo “en relación a los temas” contemplados en la convocatoria. 


Para justificar su decisión, la Comisión de Selección remitió diversas documentales relacionadas con el proceso de selección, dentro de los cuales se advierten 5 tablas que a continuación se reproducen:



Por lo tanto quedó insubsistente el dictamen de rechazo fechado el 7 de enero de 2019, formulado por la Comisión de Selección en el que se seleccionaron a dichos integrantes.


Además, se obligó a realizar un nuevo dictamen “de manera fundada y motivada” precisando en qué consistió la metodología de valoración para cada uno de los participantes.


También deberán indicar los parámetros de calificación, así como la máxima y la mínima calificación posible en cada uno de los temas.


  • “Hay conflicto de interés por Cómo Vamos La Paz”: Lozoya

Fue evidente que Lucía Frausto Guerrero operó a favor de Alma Lidia Ojeda Cota, señaló el profesor-investigador Titular A de tiempo completo de la UABCS.


Ambas son parte de la organización civil Cómo Vamos La Paz (CVLP), lo cual no fue tomado en cuenta por el juez para otorgar el amparo pero consideró dicho argumento “fundado”.


Pero el Juez Tercero negó que su pertenencia a dicha agrupación signifique que este sea el único motivo por el cual Ojeda Cota fue nombrada miembro del comité por 5 años.


Lozoya del Pino señaló que sus calificaciones otorgadas en las etapas documentales y de entrevista, no fueron debidamente sustentadas conforme a la convocatoria.


Dijo que no se tomó en cuenta su experiencia como miembro del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública en el Área de Conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades desde 1993.


“Me dieron 49 puntos, los electos recibieron inclusive 60 y tantos, me dieron una calificación de 20 en lo documental. Pero si revisas mi expediente, lo doctoral, seguramente ninguno de ellos lo tiene”, dijo Lozoya del Pino.


“Es un acto que constituye un acto de conflicto de intereses, porque en todo caso, la candidata ciudadana de CVLP debió haberse excusado [de participar]”, añadió


Dijo que es “inmoral” y “falto de ética”, que se hayan otorgado estos nombramientos sin un sustento legal y con el conflicto de interés latente.


“Si se supone que vas como un ciudadano para el Sistema Anticorrupción tiene que haber una serie de valores de ser profesionales, un esquema moral y ético”, agregó.


Señaló que no todos los integrantes de la Comisión de Selección acudieron puntuales a la fase de entrevistas y a pesar de ello, recibió calificaciones bajas.


“El quinto integrante se incorpora 5 minutos faltando para terminar el proceso, a la hora de preguntas. No me hizo ninguna pregunta porque no había oído”, señaló el profesor.


Señaló haber publicado 2 libros en la materia e impartir las materias de “Administración Pública Federal, Estatal y Municipal y Recursos Humanos” y “Análisis de Políticas Públicas y Administración Federal Estatal y Municipal” de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UABCS.


“Si saben que en el servicio público se sanciona conflicto de intereses, deberíamos empezar por ahí y no generar un esquema ciudadano manchado y viciado tanto legalmente como éticamente. Amoral, inmoral”, señaló.


Recalcó que las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, así como de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, responsables del Sistema Estatal Anticorrupción, tuvieron conocimiento del asunto pero “no contestaron” y se limitaron solamente a “escuchar”.


“No hubo respeto a los plazos legales, hubo falta de publicidad, la no convocatoria a que esto se hiciera público, y que será público lo dice la ley”, señaló.


“Debían publicar la lista de los aspirantes, los documentos entregados salvo los confidenciales, metodología de evaluación y el cronograma de entrevistas, a la hora de hacer los dictámenes tuvieron que hacerlo en una sesión pública y yo no fui invitado”, agregó.


Por otro lado señaló que la convocatoria marcaba un plazo de registro hasta el 15 de diciembre de 2018, mismo que no fue respetado.


“Fui el primero que me registré el mismo 15 de diciembre de 2018. Fui el único dentro de los plazos legales que posteriormente ampliaron de forma unilateral al 31 de agosto de 2018”, añadió.

“Quieren gente ad hoc, afín, sin capacidad de análisis crítico. Me están calificando bajo, pero presenté cajas de mi currículum completo”, finalizó.