La Paz, Baja California Sur.- Han pasado 2 días desde que los trabajadores del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) Tierra y Libertad en Baja California Sur (BCS) comenzaran una protesta pacífica afuera del Palacio de Gobierno, para exigir a las autoridades estatales que busquen mecanismos menos tardados para pagar los salarios atrasados. 

Han pasado 7 meses desde la última vez que los 104 empleados del CENDI recibieron un pago por su trabajo. Ahora que el recurso federal llegó, las autoridades exigen mecanismos que tomarían tiempo para que el dinero sea entregado a esas familias. 

La situación del CENDI, ante la falta de pagos por parte del Gobierno Federal y ahora los atrasos del Gobierno del Estado, ya es crítica. En el edificio de Puerto San Carlos el servicio de energía eléctrica ya fue cortado. 

Mercedes Maciel Ortiz, directora del CENDI, destacó que en el plantón no sólo hay presencia de trabajadores, sino también de madres y padres de familia preocupados por no saber cuándo iniciarán las clases. 

“La autoridad no ha dado la cara. Todavía ahorita en la mañana, el personal administrativo de SEP nos pide que solamente hasta que estemos dados de alta en Hacienda lo cual estamos hablando del día martes o miércoles”, dijo Mercedes Maciel a Diario El Independiente. 

“Seguimos haciendo un llamado al gobernador para que atienda esta problemática y le busque esta solución humana que pronto se pueda entregar el recurso al personal de una manera que puedan resolver los asuntos mínimos de sus casas”, declaró. 

Las autoridades aseguran que no hay otra forma para liberar el recurso: únicamente registrando a los trabajadores en la Secretaria de Administración Tributaria (SAT). 

Los representantes del CENDI propusieron dos mecanismos para que la liberación del recurso no tarde tanto tiempo: una nómina firmada por trabajadores y, después de la alta en Hacienda, emitir la facturación correspondiente. 

Abordaron a Víctor Castro, delegado federal, para comentarles los inconvenientes. Le pidieron que le interviniera, sin embargo, los trabajadores se sienten en un juego de “pin pon” entre las autoridades federales y las estatales. 

Mientras la liberación del recurso se libera, las familias de los trabajadores del CENDI, que en algunos casos ya adeudan dinero con intereses, pagan las consecuencias.