MÉXICO.

En los últimos dos años, Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas cada vez más severas contra Venezuela. Estas medidas han restringido el acceso del gobierno al financiamiento externo, han limitado su capacidad de vender activos e impedido que le venda petróleo a la Unión Americana.

Las sanciones fueron diseñadas para cortar las ganancias del régimen de Nicolás Maduro, y sus artífices dijeron que aplicarlas no generaría sufrimiento a los venezolanos. El razonamiento era que Maduro recularía de inmediato o que el ejército lo obligaría a salir antes de que las sanciones pudieran comenzar a surtir efecto.

Se equivocaron. A dos años de su entrada en vigor, Maduro sigue en el poder y su régimen se ha vuelto todavía más represivo y despiadado. La crisis de Venezuela incluso parece haber superado el corto periodo de atención que suele tener el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras tanto, la situación de los venezolanos ha empeorado.

Después de años de mala administración y corrupción durante los gobiernos de Maduro y de su predecesor, Hugo Chávez, Venezuela ya se encontraba en una profunda crisis humanitaria. Pero en este momento, las sanciones están poniendo al país en riesgo de una catástrofe humanitaria.

En los tres primeros meses del año, cuando se intensificaron las sanciones, Venezuela importó apenas una tercera parte de lo que importó en el mismo periodo hace un año, y menos de una décima parte de lo que compró del resto del mundo en 2012. Dado que la mayoría de la población ya está al borde de la inanición y que el país depende de importaciones para alimentarse, más recortes en las compras internacionales corren el riesgo de producir la primera hambruna en América Latina en más de un siglo.

Los riesgos de una hambruna no suelen estar presentes en las conversaciones de los legisladores estadounidenses ni en la oposición del país.

Tanto los legisladores que diseñaron esta estrategia como los líderes que la apoyaron podrían terminar compartiendo la responsabilidad con el régimen criminal e incompetente de Maduro.

Las sanciones de 2017 impidieron que posibles socios extranjeros financiaran operaciones en el sector petrolero de Venezuela y congelaron el refinanciamiento de la deuda interna.

Tras la primera ronda de sanciones económicas, la producción de petróleo venezolano sufrió el peor colapso que haya padecido una economía productora de petróleo sin estar en guerra ni en una huelga petrolera.

Un sondeo de Datincorp, encuestadora local, reveló que 68 por ciento de los venezolanos cree que las sanciones han afectado su calidad de vida. El debate de la comunidad internacional sobre cómo ayudar a Venezuela debería centrarse en cómo evitar que mueran de hambre.

La realidad de las sanciones no es tan simple. Ignorar el sufrimiento que están causando no va a llevar la democracia a Venezuela. Lo que sí hará es empobrecer más a los venezolanos y hará que su difícil situación sea aún más desesperada. Las hambrunas no derrocan dictadores, solo conducen a la pérdida de vidas.