La Paz, Baja California Sur.- La delegación en Baja California Sur (BCS) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya habría señalado que tendría cambios en su estructura administrativa desde principios de este 2019, sin embargo aclaró a este matutino que el reordenamiento no eliminará programas pero si los fusionará, lo que deriva en la eliminación de personal.

Desde el mes de febrero se informó a los trabajadores administrativos sobre el reordenamiento orgánico, la cual generará cambios en la operatividad de las delegaciones en todo el país, lo que incluye un ajuste laboral sobre todo en puestos de mando medios y superiores.

La delegación insistió que sus labores no están paralizadas y por el contrario siguen funcionando, recalcando que las áreas que desaparecieron físicamente fue la jefatura del Departamento de Vivienda de FOVISSSTE y TUSISSSTE quien también desapareció como estructura operativa pero fue fusionada.

Es decir que el área de vivienda quedó sin cabeza pero con un responsable, mientras que TURISSSTE La Paz se fusiona con el área de prestaciones generales, donde cabe destacar que el instituto tuvo que prescindir de los servicios por parte del personal que operaba esta última oficina.

Semanas atrás las únicas dos trabajadoras de TURISSSTE en compañía de compañeros sindicales se manifestaron afuera de la unidad familiar Bravo, en La Paz, donde señalaron precisamente que a pesar de ser sindicalizadas habían sido destituidas del cargo súbitamente sin explicación alguna, donde agregaron que tenían más de 15 años trabajando en sus respectivos cargos.

Actualmente a través de la subdelegación de prestaciones se encuentra capacitando personal para ofrecer todos los servicios dentro del área, pues a través de las reuniones que se están haciendo a nivel nacional, han establecido cuáles5 serán las nuevas dinámicas en materia de recursos humanos, administrativa y financiera.

Por su parte el encargado de servicios al derechohabiente Alfredo Ruíz, agregó que las propuestas de restructuración han sido enviadas a la Secretaría de Hacienda, misma que hasta este momento es quien se encarga de definir con cuanto recurso se puede disponer para poder cumplir con todas las obligaciones, y garantizar la atención a más de 12 millones de derechohabientes en el país.