Hace 64 años, el 3 de julio de 1955, las mujeres pudieron por fin participar en un proceso electoral federal: se trató del proceso para elegir a los diputados federales para la 63 legislatura.

¿Por qué no pudieron votar el 5 de febrero de 1917, después de la promulgación de la Constitución? Porque no eran consideradas ciudadanas y el voto y el derecho a ser votados, son prerrogativas ciudadanas, de acuerdo con el artículo 35.

De acuerdo con el estudio Efectos de la paridad de género en la legislatura mexicana: avances y retos para la igualdad, elaborado por el INE, el reconocimiento al derecho al voto de las mujeres fue en 1953.

Ese año, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 34 que reconoció como ciudadanos a “los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos:

“Haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son.

“Tener un modo honesto de vivir”.

Se trató de un triunfo a nivel federal porque antes, ya algunos estados habían realizado avances en el reconocimiento a la participación política de las mujeres. Sin embargo, los avances han sido graduales: fue hasta 1947 cuando se reconoció la igualdad de hombres y mujeres ante la ley.

A partir de la última década del siglo pasado, fue necesario que, además del derecho al voto, se reconocieran las brechas de género en la postulación a cargos de elección popular. De acuerdo con el informe del INE, la representación de las mujeres en el Congreso mexicano no había rebasado 15 por ciento en 1988.

Desde entonces hubo mayores esfuerzos para que los partidos postularan a un mayor número de mujeres a los cargos de elección popular; inicialmente de manera voluntaria y a partir de la reforma política de 2002, con una cuota obligatoria que se fijó inicialmente e 30% de las postulaciones y que pasó a 4 por ciento en 2008.

Sin embargo, mayores oportunidades de postulación no garantizaban igualdad de representación, por lo que colectivos feministas impulsaron y consiguieron que el principio de paridad de género en la postulación para integrar el Poder Legislativo se incluyera en la Constitución y que comenzara a aplicarse en las elecciones intermedias de 2015.

Hoy, como resultado del principio de paridad, de las 500 diputaciones que conforman la Cámara de Diputados, 241 corresponden a mujeres, y de 128 escaños en el Senado, 63 son ocupados por mujeres.

Según el informe, a pesar de la vigencia del principio de paridad en la postulación de las candidaturas, las mujeres continúan compitiendo en condiciones desiguales en materia electoral, que junto con otros factores sociales y culturales asociados al género, permiten la permanencia de las brechas de género.