Acusan al alcalde de La Paz, antes priista, de no dar continuidad a las investigaciones contra funcionarios que abrieron las puertas a Los Cardones a la Capital del Estado
La Paz, Baja California Sur.- El abogado y activista, Arturo Rubio Ruiz, acusó que existe inactividad procesal en el expediente del caso en contra de ex regidores del Ayuntamiento de Esthela Ponce Beltrán, quienes abrieron las puertas a Los Cardones.
El abogado denunció que la inactividad en el expediente es un acto manifiesto de protección a los indiciados por parte del alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, quien no ha dado continuidad a las investigaciones iniciadas por el intento de cambio de uso de suelo de la Sierra de la Laguna en el 2015 a través de una sesión “secreta” de Cabildo.
De acuerdo con la ficha técnica del procedimiento contra ex regidores del XIV Ayuntamiento de La Paz, el expediente: averiguación Previa LPZ/065/SPB/2015 y su acumulada LPZ/070/SPB/2015, se encuentra en reserva de archivo por inactividad procesal debido a la falta de impulso de la parte ofendida, representada por la actual administración municipal.
“De no reactivarse el procedimiento, el ilícito proceder de los malos servidores públicos que intentaron ilegalmente autorizar el uso de suelo a la empresa minera, quedará impune, y el actuar del actual presidente municipal, deja en claro su afán por proteger a sus antiguos compañeros de partido, pues aunque lo niegue, su ADN priista es manifiesto e innegable” dijo el litigante a Diario El Independiente.
“El cobijar con su omisión procesal a los indiciados, es un acto de corrupción por complicidad, y un ejercicio abusivo del poder que se constituye en un acto de traición a la promesa de campaña, que reiteradamente pronunció cuando andaba en busca del voto ciudadano” agregó Rubio Ruiz
La única promoción que existe en el expediente es un escrito con registro interno SM/743/2019 presentado el 9 de mayo del 2019 por la Síndica Municipal, revocando el nombramiento de representantes de la coadyuvancia del Ministerio Público, mediante el cual designó a u grupo de jóvenes abogados, ninguno con experiencia ni especialización en materia penal.
“Su origen priista, sus nexos con la televisora propiedad del dueño de la minera que se hubiera visto beneficiada con el uso de suelo para la operación de la megaminería de metales preciosos a cielo abierto, en la Sierra de La Laguna; su calidad de accionista mayoritario de una empresa constituida para explotar comercialmente actividades relacionadas con la minería; el revocar a los abogados propuestos por el Frente en Defensa del Agua y la Vida, y designar en su lugar a un grupo de jóvenes inexpertos y sin especialización en el área penal, son indicativos todos del claro afán que persigue el actual presidente municipal: proteger y favorecer tanto a los malos servidores públicos denunciados, como a la empresa con quien fraguaron la ilícita alianza”
Según el abogado, actualmente Los Cardones pugna por revivir en tribunales la contienda jurídica contra el Ayuntamiento de La Paz, en busca de la autorización que les es indispensable para operar la minería que pretenden instalar.
“Lejos de cumplir su promesa de mantener informados a los abogados de la sociedad civil que apuntalan la lucha judicial contra la minera, ha mantenido sospechoso silencio, y se ha mostrado reacio a permitir la interacción ciudadana en el procedimiento que vía ´repetición del acto reclamado´ impulsan procesalmente en los juzgados federales los abogados de la minera”, señaló Arturo Rubio.
“El actual presidente municipal paceño es un traidor, corrupto y deshonesto cómplice de quienes precediéndolo en el encargo, trataron de abrirle la puerta en nuestro municipio a la minería tóxica, y con sus perversas omisiones, no solo busca la que queden impunes los actos atribuidos en averiguación previa a los ex regidores y al apoderado de la empresa minera, todo indica que además, busca con su omiso proceder abrir de nueva cuenta la puerta a la minera”, acusó.
De no revertir la inactividad procesal, el expediente se turnará a su archivo definitivo, dejando con ello impune el delito imputado a los ex regidores del Ayuntamiento de Esthela Ponce Beltrán.
El litigante hizo hincapié en que, desde la trinchera ciudadana, buscarán revertir la complicidad por omisión del alcalde.
Por último, hizo un llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil, para que se reagrupen, porque “no podemos permitir que las traiciones del edil pongan en peligro nuestra única fuente de agua en el municipio”.