• El nuevo modelo fomentará en escuelas incluso la formación en contra de la violencia cibernética, entre otros aspectos
CIUDAD DE MÉXICO.
El modelo de la “nueva escuela mexicana”, que busca instaurar el
presidente Andrés Manuel López Obrador,
impulsará “la cultura de la paz” desde las aulas, fomentando “la honestidad, el
civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país”,
señala el proyecto de la Ley General de Educación que esta semana discutirán los
diputados federales.
Dicha ley, que es una de las cinco reglamentarias de la Reforma
Educativa que cocina la Cámara de Diputados,
apunta que las autoridades tendrán la responsabilidad de emitir los
lineamientos para los protocolos de actuación tanto en prevención como en la
atención de la violencia, incluso cibernética, que se genere en el entorno
escolar, familiar o comunitario en contra de cualquier integrante de la
comunidad educativa.
Así se sentarían las
bases para que las instituciones cuenten con mecanismos de detección oportuna
de ese tipo de violencia, así como para la atención de accidentes que ocurren
en los planteles.
El artículo 74 de la
futura ley plantea que “las autoridades educativas, en el ámbito de su
competencia, promoverán la cultura de la paz y la no violencia para generar una
convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y a
los derechos humanos”, involucrando a educandos, docentes, madres y padres de
familia o tutores, así como el personal administrativo.
Los diputados federales
pretenden que en la nueva legislación se definan los mecanismos de asesoría
sicológica y legal, orientación, reporte de casos y protección para los menores
involucrados en bullying o violencia de cualquier tipo.
“Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación,
reporte de casos y de protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
que estén involucrados en violencia o maltrato escolar en cualquier tipo, ya
sea sicológica, física o cibernética, procurando ofrecer mecanismos remotos de
recepción a través de una línea pública de atención telefónica y por medios
electrónicos”, especifica la ley.
Además, se propone hacer
del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden
resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes por el ejercicio de cualquier maltrato escolar o
tipo de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario, así como
promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales.
Se impulsarán campañas
masivas “mediante el uso de las tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre la importancia de
una convivencia libre de violencia o maltrato en cualquier tipo, ya sea sicológica,
física o cibernética, en los ámbitos familiar, comunitario, escolar y social”.
La Ley General de
Educación prevé que se tendrán que adoptar medidas para que, “con independencia
de su nacionalidad o condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o
jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos, ejerzan los derechos y
gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales,
instrumentado estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el Sistema
Educativo Nacional”.
Se precisa en este
ordenamiento que se impulsarán medidas para facilitar y garantizar la
incorporación y permanencia a los servicios educativos públicos a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país o enfrenten
situaciones de desplazamiento o migración interna.
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En el artículo 75 del proyecto de Ley General de Educación se
establece que la venta de comida chatarra estará prohibida en los planteles
educativos.
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“La SEP, mediante disposiciones de carácter general que se
publiquen en el Diario Oficial de la Federación,
establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los
alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela”, indica la
iniciativa.
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Estas disposiciones de carácter general comprenderán las
regulaciones que fomenten aquellos alimentos con mayor valor nutritivo y
menores componentes que no favorezcan la salud de los educandos”, indica.