La Paz. Baja California Sur.- Tomó protesta Claudia Méndez Vargas tras resultar electa como magistrado para el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur (BCS) por el Congreso local, pieza clave del Sistema Local Anticorrupción.


Por unanimidad de los 16 diputados asistentes, se impuso a los excandidatos Ignacio Bello Sosa y Martha Garzón, que componían la terna enviada por el gobernador, Carlos Mendoza Davis
Surtirá efecto a partir del día 18 de julio de 2019, en atención a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de BCS.


Por votación a “cédula secreta” se otorgó el nombramiento a quien ha participado abiertamente como militante del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que agradeció la confianza depositada.
“Agradecer a mis amigos que han estado incluso hoy sábado acompañándome, de verdad espero corresponder a la confianza que han depositado en mí”, señaló brevemente.


“Señores diputados, diputadas, mil gracias”, agregó la recién electa magistrada.


Fue escoltada y tomada la protesta por las diputadas Perla Guadalupe Flores Leyva y Elizabeth Rocha Torres, presidentas de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Equidad de Género.


Es el primer nombramiento oficial tras la recomposición de comisiones políticas, administrativas y financieras del Poder Legislativo, encabezado por la oposición al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).


Mendez Vargas se ha desempeñado como delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).


También como secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en BCS.


Su último cargo fue como Directora de Profesiones, Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Héctor Jiménez Márquez en el gobierno de BCS.


¿Qué es el Tribunal de Justicia Administrativa?

Es un órgano autónomo e independiente, dotado de jurisdicción para dirimir las controversias administrativas entre las autoridades de la Administración Pública de Estado, Municipios, sus Órganos Descentralizados y/o particulares.


Debe imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares vinculados con faltas administrativas graves.
También fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.


Al igual que imponer sanciones a particulares que intervengan en actos de corrupción, que van desde la inhabilitación para participar en servicios u obras públicas, hasta la suspensión de sus actividades y la disolución o intervención de la sociedad respectiva.


Además, el pleno de magistrados del TJA está plenamente facultado para establecer sus propias normas de organización y funcionamiento.