La Paz, Baja California Sur.- No fueron debidamente comprobados 303 millones 754 mil 234 pesos en la cuenta pública 2017 del Ayuntamiento de La Paz, encabezado entonces por el exalcalde del Partido Acción Nacional (PAN) Armando Martínez Vega.

Así informó el diputado Homero González Medrano, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE) del Congreso de Baja California Sur (BCS).

Esto por un total de 414 observaciones de las cuales 124 fueron solventadas; esto deja un total de 290 pendientes de comprobación por la suma antes citada.

Señaló que la muestra auditada no presentó la situación financiera conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental ni los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable.

“Que revisen nuestro informe y se coordinen con el Auditor Superior para lo que haya lugar, si hay faltas leves que se subsanen, pero si son graves, que se haga lo que dice la ley”, dijo González.

Dijo que hasta el momento se han presentado informes de 3 cuentas públicas de los 23 entes sujetos a fiscalización por la ASE; los demás, en un plazo no mayor a 2 meses.

Expuso que las cuentas públicas de 2017 fueron en su momento aplazadas, por la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción en la pasada legislatura.

“Se acordó y estableció que se regirían con los tiempos de la anterior legislación y no hay fecha para que la ASE entregue al Congreso, ni para hacer el análisis y el informe”, dijo el diputado a Diario El Independiente.

Dijo que las cuentas públicas de 2018, deberán ser revisadas a más tardar en diciembre de 2019, con el fin de que la ASE pueda informar a los diputados los resultados.

Señaló que en este punto cobra relevancia la recién creada Unidad de Evaluación y Control, de dicha comisión, capaz de analizar el desempeño de la auditoría y la propia ASE.

“Era tradición que órganos de fiscalización le mandaran al congreso para que dictaminara y en una hojita de tamaño oficio, tamaño carta dictaminaban y ya, era par y paso, una ceremonia”, dijo.

“En la lucha anticorrupción era necesaria una unidad con personal calificado para que se echara un clavado a analizar el desempeño del auditor superior y los auditores que participan”, finalizó.