Luego de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera analizar la controversia constitucional que interpuso el gobierno del estado que busca que entidad sea considerada dentro del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte del país que se emitió el 31 de diciembre del 2018, los ciudadanos nos preguntamos dónde están la totalidad de nuestros legisladores federales para enfrentar esta situación. 

Este decreto permitió disminuir impuestos en las entidades y diversos municipios del norte del país por lo que Baja California Sur a través de su gobierno estatal, busca que también en la entidad se aplique esta medida, justamente porque desde 1939 la media península fue considera como zona fronteriza. 

Pero la mayoría de nuestros representantes populares federales, guardan un sospechoso silencio. 

Esta lucha no es nueva y el actual gobernador Carlos Mendoza ya desde sus tiempos como senador de la República se opuso decididamente al incremento del IVA. 

Hoy ha mantenido esa postura por lo que es importante y trascendental que la Suprema Corte de Justicia haya admitido analizar esta controversia que busca modificar el referido decreto presidencial. 

Lo curioso de este asunto que además es una muy sentida demanda de la población sudcaliforniana, no ha sido retomado por los representantes populares de Morena, ni por los diputados federales del PT que representan Alfredo Porras y Ana Ruth García Grande que en este tema, como en otros, simplemente están completamente ausentes. 

Víctor Castro senador con licencia, actual superdelegado del gobierno federal, simplemente ha evitado tocar el tema. Ha preferido estar bien con su jefe y no entrar en controversias con el presidente López Obrador, aunque ello le genere un enorme costo social. 

Costo social que claramente Víctor Castro prefiere asumir. 

Quienes han trabajado en un bloque bien conformado son los representantes de Acción Nacional la senadora Lupita Saldaña y el diputado federal Rigoberto Mares que no han dejado de insistir al respecto. 

Esto provoca que se actúe con mucha cautela por parte de los representantes populares de Morena y del Partido de Trabajo para no oponerse a la decisión presidencial que definitivamente ha proporcionado a los sudcalifornianos un trato fiscal diferenciado. 

Las condiciones de Baja California Sur, exigen que este tratamiento fiscal sea similar al de la zona norte del país, pues la comercialización de diversos productos es ya de por sí compleja lo que impacta en la elevación de precios que por supuesto generan condiciones de mayor dificultad económica a quienes habitamos esta región del país. 

Ojalá se pueda conformar un bloque entre todos los representantes populares más allá de los colores y de las banderas políticas sin perder de vista que la prioridad es atender esta sentida demanda de los sudcalifornianos. 

Aunque el decreto tiene una temporalidad de dos años, lo cierto es que mientras esto sucede los sudcalifornianos estamos en condiciones de desventaja frente a otras entidades del país, precisamente por una medida presidencial que nos excluye de sus beneficios sin el menor rubor. 

Por ello llama la atención la admisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a esta controversia que impulsa el gobierno estatal precisamente para tratar de alcanzar por esta vía, un mejor trato fiscal por parte del gobierno federal. 

La referida controversia, busca beneficiar a la población sudcaliforniana, con la reducción a la mitad el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es actualmente del 16 por ciento y dejarlo en 8 por ciento, y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) disminuirlo en una tercera parte (33%). 

Este cambio de estatus fiscal de Baja California Sur que se registró a partir del 2013, ha sido un tema prioritario en las acciones del actual gobierno estatal, por lo que llama la atención que el resto de los representantes populares parecen no estar muy preocupados por esta medida que impacta de manera directa en la población en general. 

Incluso a pesar de que fue bandera de lucha electoral incluso entre candidatos de la alianza conformada por Morena y el partido del trabajo en la campaña pasada. 

Esperemos que se alcance el objetivo porque de ello depende en gran medida que la economía de las familias sudcalifornianas se beneficie con la reducción en el costo de productos y enseres que se comercializan en la entidad. 

Definitivamente en este tema la madurez política debe estar por encima de las confrontaciones partidistas para hacer fuerza común y más allá de intereses políticos o particulares prevalezca el interés de la comunidad que en teoría se supone, todos los representantes populares coinciden en obtener mejoría para los habitantes de la media península. 

Esperemos que así sea y se logre incluir a Baja California Sur entre los estímulos fiscales que el Gobierno Federal otorgó a otros estados de la República. 

Ya veremos qué sucede.