Cabo San Lucas, Baja California Sur.- El senador de la República por Baja California Sur (BCS), Ricardo Velázquez anuncio que trabaja en una iniciativa para que las Administraciones Portuarias Integrales (API) de todos los centros turísticos transfirieran el 30 por ciento de sus excedentes de ingresos anuales a los municipios que albergan a los puertos, con la finalidad de que se inviertan en la mejora de las relaciones puerto-ciudad, así como en rehabilitación de infraestructura. 

“Estamos trabajando en una iniciativa desde el Senado de la República, que está relacionada con los ingresos que tiene la API, ingresos extraordinarios que nos trae etiquetados y estamos planteando que el treinta por ciento de esos ingresos queden dentro de los ingresos turísticos de todo el país para infraestructura y mejoramiento de la infraestructura de las API” declaró el senador.

La iniciativa hasta ahora no ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, sin embargo, contempla cuatro ejes: El primero, consagrar la relación puerto-ciudad como concepto en la Ley y reconocer expresamente que dicha relación debe ser una prioridad para las autoridades federales, así como para las API.

Segundo, que la Secretarías de Bienestar y de Comunicaciones y Transporte (SCT) deben procuren en todo momento un desarrollo armónico entre los puertos y las ciudades, de este modo se buscará eliminar la brecha entre los grandes desarrollos turísticos y los desarrollos urbanos, supervisando que la inversión en obras de infraestructura sirva para generar un beneficio directo a la comunidad, cuidando el entorno urbano, las vías de acceso y el medio ambiente.

Tercero, el establecimiento de lineamientos de coordinación y cooperación interinstitucional e intergubernamental, con el objeto de que la organización portuaria se vincule estrechamente con el desarrollo armónico entre el puerto y la ciudad.

Y cuarto, que el 30 por ciento de los excedentes que generan las API puedan entregarse directamente a los gobiernos de los estados en los que estas residen para que puedan ser utilizados en infraestructura urbana, servicios públicos /o acciones para mitigar o resarcir el daño ambiental provocado por la actividad portuaria.