San José del Cabo, Baja California Sur.- Referente a los avances o situación actual en materia de atribuciones legales o asuntos jurídicos que aguarda el tema de los fraccionamientos Chula Vista y Puerto Nuevo, ambos construidos en zona catalogada como de riesgo, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Daniel De La Rosa Anaya, señaló, existen dos denuncias en torno a la edificación de estos inmuebles, de las cuales una está próxima a judicializarse. 

Apuntó el procurador De La Rosa que, el ejercicio de las investigaciones se centra no solamente en las empresas o desarrolladoras que llevaron a cabo las obras de edificación en estos fraccionamientos, sino que implicaría a ex servidores públicos en el sentido de haber autorizado las licencias de construcción. 

Sin precisar detalles sobre el tiempo en qué conllevaría el caso, describió el titular de la PGJE que la judicialización de una denuncia refiere a la transferencia de mecanismos o conflicto hacia la esfera judicial para su resolución.

“Son denuncias que se presentaron en torno a los inmuebles que se construyeron por una empresa determinada, estamos investigando no solo en contra de la empresa sino también de quienes autorizaron o que servidores públicos autorizaron las licencias respectivas para la construcción en zonas de riesgo, una de las carpetas ya está para judicializarse” anotó. 

La gota que derramó el vaso en el tema de los fraccionamientos Chula Vista y Puerto Nuevo quedó registrada en el año 2017, luego de que el paso de la Tormenta Tropical “Lidia” dejara al descubierto una serie de irregularidades y situaciones que en su momento fueron ejecutadas por encima de la ley, principalmente la autorización de obras de edificios multifamiliares en una zona de riesgo. 

Dicha situación mantiene a decenas de familias entre incertidumbre y temor, pues en cada temporada de lluvias aumenta el riesgo no solo de perder el patrimonio, sino la vida. Los habitantes de estos fraccionamientos han insistido de manera inagotable a las autoridades se briden verdaderas soluciones y reubicación de las familias, así como acción penal a quien resulte responsable en el caso.