La Paz, Baja California Sur.- En los últimos meses, el conflicto en Los Cabos entre Uber y taxistas ha registrado una escalada de violencia. 

Los conductores de la plataforma digital denuncian que, el Ayuntamiento de Los Cabos ha intervenido ilegalmente a favor de los taxistas. 

En redes sociales y medios de comunicación, los conductores de Uber han exhibido las multas que les aplican por brindar servicio de transporte. 

También han denunciado que los inspectores de Transporte les han quitado sus placas e incluso han usurpado funciones de policías al aplicar multas que son facultad de la Policía Municipal. 

Sobre este tema, el abogado, Arturo Rubio Ruiz, expuso que los inspectores de Transporte Municipal de Los Cabos cometen un acto de abuso de autoridad al quitar placas y multar a Uber. 

El abogado señaló que el abuso de autoridad que comete el Ayuntamiento de Los Cabos es tolerado y permitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y gobierno de Baja California Sur (BCS). 

“Lo ha permitido y consentido, porque es una manera de presionar a la ciudadanía y darle impulso social por descontento al proyecto de Ley de Movilidad que tiene en el Congreso del Estado”, argumentó Arturo Rubio. 

“Si tú eres un ciudadano la Ley dice que todo lo que no está prohibido, está permitido. Esto no aplica para servidores públicos. La autoridad sólo puede hacer aquello que está permitido, no hay ninguna ley que prohíba el uso de una plataforma para traslado”, declaró. 

El litigante explicó que, cuando el servidor público realiza un acto para el que no está facultado comete un abuso de autoridad. 

“El gobierno del estado podría implementar un programa para frenar la actividad abusiva de la autoridad preventiva municipal, pero no lo hace porque le abona a su Ley de Movilidad”, , dijo Rubio Ruiz. 

El abogado hizo hincapié en que los funcionarios del Ayuntamiento de Los Cabos también incurren en un conflicto de interés. Desde hace meses, medios de comunicación han exhibido que los servidores públicos de la administración de Armida Castro tienen concesiones de transporte. 

Aunque la PGJE está facultada para perseguir por oficio el abuso de autoridad, Arturo Rubio recomendó a los conductores de Uber que denuncien el actuar de las autoridades municipales ante el Ministerio Público.