La Paz, Baja California Sur.- A revisión por el Tribunal Colegiado llegó la sentencia de un juez de distrito que ordenaba al Congreso de Baja California Sur (BCS) aprobar la Ley de Movilidad.

Porque implementar transporte público incluyente para personas con discapacidad, es una facultad que ya tiene el gobierno del estado, dijo la diputada Milena Quiroga Romero.

Resolverán si fue adecuado incluir al Poder Legislativo para atender esta demanda de amparo de un ciudadano contra dependencias estatales y municipales.

Con la respuesta del Congreso, el mismo juez emitió un acuerdo el pasado 4 de junio, en donde señala que el Poder Ejecutivo debe implementar infraestructura adaptada.

“Esto es establecer las políticas públicas y acciones para que se hagan las adecuaciones al transporte público colectivo en BCS”, dijo la de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Para que tuviera accesos y seguridad para inclusión de personas con discapacidad”, expidió el juez.

Además se detiene sentencia que vinculó al Congreso de BCS con esta demanda, bajo el juicio de amparo con expediente 1179/2018.

“El requerimiento [de dictaminarla] se detiene hasta que el Tribunal Colegiado resuelva si fue correcto incluir al Congreso de BCS para resolver la demanda”, agregó.

“Mientras esta instancia superior revisa si el Congreso BCS efectivamente tiene que cumplir algo, el juez lo que dictó fue un acuerdo en donde obliga al gobierno de BCS a cumplir”, dijo Quiroga.