MÉXICO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades del sector Salud a establecer medidas cautelares que garanticen el abasto oportuno, suficiente y continuo de medicamentos antirretrovirales para personas con VIH que se atienden en el Seguro Popular.

Es necesario el suministro de estos medicamentos en forma oportuna, adecuada e ininterrumpida, de lo contrario el virus puede hacerse más resistente, lo que implicaría mayores erogaciones por la necesidad de aplicar tratamientos más costosos a quienes resulten afectados por el desabasto, señaló el organismo.

Por ello, instó a las autoridades a proteger los derechos de las personas con VIH, sobre todo, de las afiliadas al Seguro Popular que reciben atención en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y en los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAI´s), quienes carecen de otro servicio de seguridad social.

La Secretaría de Salud debe coordinarse con instituciones federales y locales a fin de asegurar la existencia y ministración de medicamentos antirretrovirales para personas sujetas a tratamiento, incluyendo a pacientes con VIH privados de su libertad y personas migrantes, así como la relativa a la prevención de la transmisión materno infantil.

La Comisión advirtió que no obstante los recientes anuncios de la Secretaría de Salud sobre los avances en las adjudicaciones y procesos de compras de antirretrovirales, persiste la preocupación de las personas con VIH, así como de organizaciones sociales, que han denunciado el desabasto.

El Centro Nacional de Prevención y Control del Sida (CENSIDA) difundió un comunicado donde asegura que la atención a la infección por VIH “es un tema de salud pública prioritario para el actual Gobierno federal”, y por ello se garantiza la continuidad en la cobertura universal del tratamiento

Aun así, la CNDH hizo suyas sus las preocupaciones de los enfermos y las organizaciones de la sociedad civil, sobre las posibles repercusiones, especialmente “tomando en consideración que en este Organismo Nacional no se ha recibido respuesta respecto a la adopción de las medidas cautelares aludidas”.

El organismo nacional subrayó la obligación y facultades de las autoridades para revisar los procedimientos administrativos de adquisición de bienes y servicios. Sin embargo, tales revisiones no pueden justificar, en ningún caso, la suspensión o incumplimiento de las obligaciones estatales de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos