Hasta 5 años de prisión para quien ordene la descarga de aguas residuales al ecosistema, o no instale sistemas de tratamiento en construcciones
La Paz, Baja California Sur.- Ciudadanos propusieron una reforma para que todas las construcciones de Baja California Sur (BCS) usen agua reciclada y no potable, para baños y áreas verdes.
Esto obligaría a que cualquier hotel, residencia, centro comercial, industria, fraccionamiento o condominio, instale sistemas de tratamiento de agua residual.
Contempla penas de hasta 5 años de prisión y multas de hasta 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), unos 422 mil 450 pesos, a quien descargue aguas negras sin autorización.
Cuando sea depositada en afluentes de agua para entrega en bloque a centros de población, la pena se elevará 2 años, pudiendo llegar hasta 7 años de cárcel.
También estipula 5 años de prisión y multa de 5 mil UMA al desarrollador, responsable o propietario del inmueble, que no instale dichos sistemas de tratamiento.
De aprobarse la ley, construcciones ya existentes con servicio de sanitarios, contarán con un plazo de 2 años para adecuarse a la norma.
Ayuntamientos podrán autorizar fosas sépticas o letrinas solo en “casos excepcionales”, por motivos socioeconómicos; pero en aquellos casos donde exista riesgo ambiental, la autoridad municipal deberá instalar plantas de tratamiento comunitarias.
La propuesta fue formulada por Juan Ángel Trasviña Aguilar, integrante del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) y presidente de Medio Ambiente y Sociedad (MAS).
Posteriormente fue dictaminada por la Comisión de Ecología del Poder Legislativo, presidida por la diputada María Rosalba Rodríguez López, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Esta podría ser votada el próximo jueves y en su caso, aprobada para su entrada en vigor.
Trasviña Aguilar señaló para Diario El Independiente, que esta propuesta es vital para los ecosistemas de Sudcalifornia.
Dijo que previamente la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ya contemplaba el reciclaje obligatorio del agua residual.
“Todos los ayuntamientos la ignoraron totalmente, se la brincaron, su pretexto fue que no estaba en el reglamento […] no hubo uno que la tomara en cuenta”, señaló Trasviña.
Expuso que se busca combatir que las playas sudcalifornianas comiencen a presentar coliformes fecales, bacterias y demás perjuicios al turismo.
“Si se descubre que nuestras playas están contaminadas con todo eso ¿Por qué estamos utilizando fosas sépticas para residencias de un millón de dólares? es absurdo”, explicó.
La iniciativa contempla que en aquellos sitios donde exista red municipal de alcantarillado, se descargue el agua reciclada sobrante.
“Luego te encuentras con que las empresas quieren ganar demasiado, a costa de nuestro medio ambiente, nuestras áreas naturales, no se vale”, finalizó.