San José del Cabo, Baja California Sur.- En noviembre del 2016 una pugna entre organizaciones criminales por el control de tráfico de sustancias clasificadas como ilegales, desataría en Los Cabos uno de los periodos más violentos que haya vivido el destino turístico en los últimos diez años.

A finales de ese año la disputa entre presuntas células criminales sería visualizada por los gobiernos municipal y estatal como “hechos aislados” sin imaginar que, al año siguiente, el polo turístico contaría con uno de los índices de homicidios más altos del país; al menos 350 personas perdieron la vida a punta de plomo y pólvora en el 2017.

Tras esta guerra las autoridades se vieron rebasadas en el afán de contener las manifestaciones de violencia, y, fue así que se recurrió al apoyo del Gobierno Federal en la cuestión de incrementar la presencia de fuerzas de seguridad.

La solicitud a la Federación surtiría efecto en muy poco tiempo con el anuncio de más de mil 500 elementos de fuerzas federales y militares para ser distribuidos en la entidad. La mayoría de efectivos se concentraría precisamente en el destino turístico.

Con el estallido de violencia, en pocos meses el municipio de Los Cabos empapó a sus habitantes de una crisis de inseguridad e incluso temor, pues en ese entonces el estruendo de detonaciones de arma de fuego parecía se había convertido en parte del sonido ambiental.

A plena luz del día, por la tarde, noche o madrugada las insistentes detonaciones sembraban el terror entre familias, perdiéndose a poco a poco esa paz y tranquilidad que por años había caracterizado al destino. 

La sensación de pánico y miedo que vivían los habitantes de Los Cabos, incluso comenzó a reflejarse en las calles, lugares recreativos, sitios de diversión y esparcimiento familiar al lucir semivacíos.  Lamentablemente, la ola de violencia cobraría daños colaterales en las que menores de edad figuraron como víctimas.